La mayor parte de los ecosistemas naturales argentinos han estado alguna vez sometidos a incendios rurales o forestales naturales, que modelaron el paisaje y fomentaron procesos evolutivos y ecológicos, generando adaptaciones y promoviendo la biodiversidad.
Pero las acciones humanas alteraron radicalmente esa dinámica natural y su balance: por un lado, la transformación de ambientes naturales reemplazándolos por ambientes productivos y la continuidad de los mismos, lo que contribuye al aumento de la cantidad de combustible disponible y a la falta de barreras o cortafuegos naturales.
Por el otro, los efectos del calentamiento global y el cambio climático hacen más recurrentes los eventos extremos de altas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes vientos, lo que, asociado a la oferta y continuidad de combustible mencionada previamente, genera una situación de alto riesgo que puede devenir en incendios de gran escala y difíciles de controlar.
Sumado a esto, cada vez más personas -por decisión o necesidad- establecen sus hogares en ámbitos rurales o forestales, facilitando la recurrencia de incendios conocidos como incendios de interfase, que consumen ambientes naturales e infraestructura edilicia, y que aumentan los riesgos de pérdidas de vidas humanas. Hace unas semanas decenas de personas fallecieron en los incendios del sur de Chile y decenas de miles de hectáreas de bosques y ambientes naturales se han quemado, mientras que, en nuestro país, gracias al trabajo articulado de la nación y la provincia con más de 150 brigadistas, se lograron controlar los incendios que afectaron cerca de 1300 hectáreas en el Parque Nacional los Alerces y su área de amortiguación.
En Argentina, la temporada de incendios varía según la región geográfica y el ecosistema. Pero generalmente se incrementa durante el verano, sobre todo hacia el final, cuando las condiciones extremas suelen generar fuegos de gran amplitud e intensidad. A fines de septiembre de 2022, el Gobierno argentino presentó parte del nuevo equipamiento adquirido por un monto de 1.300 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer el combate de incendios forestales. Esto fue celebrado por diversos sectores, ya que se consideró una medida acorde a la emergencia climática en la cual se encuentra nuestro país Y al parecer, esta inversión junto al compromiso y profesionalismo de los brigadistas y la capacidad de respuesta temprana ante la gran mayoría de los focos ígneos, permitieron transcurrir la primera parte del verano sin grandes extensiones quemadas.
En nuestro país aún queda un largo periodo durante el que los altos índices de peligro de incendios son una posibilidad. Por eso será central continuar reforzando las tareas de prevención y respuesta temprana para mantener – a pesar de las condiciones climáticas extremas- un bajo número de incendios y de superficies afectadas. También es responsabilidad de toda la ciudadanía respetar las prohibiciones de quema vigentes, mantener los cortafuegos limpios y accesibles en los sistemas productivos, mantener desmalezados los terrenos en viviendas periurbanas y respetar las indicaciones correspondientes.
Una adecuada articulación interjurisdiccional, con participación pública y privada, es central para implementar estas acciones y evitar que este verano se repitan las situaciones negativas y catastróficas de veranos anteriores. Podemos ser parte activa de la prevención y solución de esta problemática; comprometamos nuestro esfuerzo por la naturaleza y las personas.
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