Sam Bankman-Fried, co-fundador de FTX, el ahora difunto y ex segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo, fue arrestado en Bahamas y extraditado a los EE.UU. por pedido del gobierno de este último país. Específicamente a solicitud de la Securities and Exchange Commission (SEC), repartición del gobierno federal que regula el mercado de capitales de los EE.UU., entre otros dictando y haciendo cumplir las normas que deben seguir todos sus participantes, siempre en pos de proteger a los inversores y ahorristas.
En este caso, Bankman-Fried está acusado de estafar a más de un millón de personas, por la suma de unos USD 8.000 millones.
Ahora bien, ¿no era que los exchanges de cripto no estaban regulados y estaban fuera del alcance de gobiernos como el de los EEUU? La respuesta es sí, pero al tratarse de una estafa que afecta a residentes estadounidenses, la justicia del país más poderoso del mundo decidió actuar. Y obviamente, la de un país medianamente racional como el de Bahamas, respondió positivamente al pedido de detención y extradición.
El 14 de abril de 2021 falleció en prisión Bernard Madoff, acusado de estafar a cientos de miles de inversores alrededor del mundo y por esta causa, fue sentenciado a prisión de por vida. A diferencia de Bankman-Fried, Madoff y su empresa sí estaban regulados por la SEC. Gracias a esto, al día de hoy (Irving Picard) el trustee seleccionado por la justicia de los EEUU para recuperar los activos de los damnificados, continúa devolviéndoselos, no importa en qué país vivan. De nuevo, los activos que se recuperan, se reparten entre todos los damnificados alrededor del mundo.
Dos ejemplos que nos enseñan lo siguiente:
1- EEUU, siempre que quiere, aplica la “ley del más fuerte”. Y (como inversores) nada mejor que estar bajo la protección del gobierno que tiene los medios para ejercerla.
2- No hace falta vivir en los EEUU ni ser estadounidense para recibir esta gran protección. Lo único que se necesita es utilizar entidades financieras y gerenciadores de activos sujetos a la regulación de este país.
Latinoamérica brinda toneladas de ejemplos de estafas probadas y quienes las cometieron ni siquiera fueron detenidos. Es más, las justicias de la gran mayoría de los países de la región carecen del conocimiento técnico para siquiera interpretar lo que es una mala-praxis de parte de entidades financieras y asesores. Esto lo vemos constantemente en los casos que nos contratan como peritos de parte para demostrar estafas o malas-praxis, los cuales finalmente se resuelven en el ámbito privado una vez que los autores se ven amenazados con llevarlos ante la justicia de los EEUU, en los casos que los participantes están regulados en este país.
En definitiva, actuar con protagonistas del mercado, regulados por el gobierno de los EEUU, es comprar seguridad y protección.
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