El repudiable atentado contra la Vicepresidente de la Nación ha despertado un encendido debate en el oficialismo en torno a la necesidad de dictar una ley que regule los “discursos del odio”, a los que el Gobierno relaciona con algunos medios de comunicación y la oposición política.
Así se han expresado -entre otros jerarcas kirchneristas- el jefe de la bancada de senadores del FDT, la titular del organismo contra la Discriminación (INADI) y la vocera presidencial.
La peligrosa iniciativa también cuenta con apoyos internacionales. Algunos de esos endosos deberían inquietarnos. Por caso, el del presidente-dictador venezolano Nicolás Maduro quien luego de calificar el ataque como un “golpe de estado”, defendió la introducción de dicha legislación para combatir los “crímenes de odio”. Acaso como espejo de la que hiciera aprobar en su país en 2017, terminando de clausurar toda forma de libertad de prensa en Venezuela.
O como la ominosa legislación que pasó la Asamblea Nacional de Nicaragua a fines de 2020. Una ley a medida de la dictadura del matrimonio Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidente de Nicaragua.
La que habilitó el sueño de todo tirano: unas elecciones sin candidatos opositores. Como las que tuvieron lugar meses más tarde, cuando la pareja dictatorial consiguió eternizar la tiranía del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Porque aquel 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua no tuvo lugar una elección, sino una farsa en la que mientras el régimen del comandante Ortega se perpetúa en el poder, sus opositores permanecen encarcelados o en el exilio.
Un extremo perfeccionado a través de un conjunto de medidas draconianas entre las que se encuentra la peligrosa invocación a los “delitos de odio” que en los hechos permitieron encerrar a los principales dirigentes y candidatos opositores.
Una medida que pudo ser aplicada a través de la introducción de una suerte de tipo penal en blanco, que dotó al jefe de Estado de la facultad de denominar “traidores a la patria” a postulantes molestos. Al punto que en medio de un clima de represión, violación sistemática de los Derechos Humanos y persecuciones políticas, siete de los principales candidatos alternativos al gobierno fueron detenidos, mientras que otros se vieron forzados a partir al exilio.
Las tragedias de Venezuela y Nicaragua -sin olvidar la de la totalitaria Cuba castrista admirada por algunos trasnochados- no pueden dejar de recordarnos hasta qué punto la lucha por la libertad y la democracia requiere un estado de alerta permanente ante el acecho de sus enemigos.
En medio de un clima enrarecido, el hecho de que se hayan alzado importantes voces del gobierno exigiendo la imposición de normas restrictivas a la libertad mediante la introducción de leyes que busquen reprimir los llamados “crímenes de odio” constituye un peligroso corolario de un tiempo aciago.
Mariano A. Caucino es especialista en relaciones internacionales. Ex embajador en Israel y Costa Rica.
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