¿Colegio de Abogados o de Magistrados?

Desde hace tiempo se advierte un creciente mensaje que llega desde los Colegios de Abogados dirigido con mucho mayor énfasis a respaldar a jueces y magistrados que, a cumplir con su verdadera razón de existencia, léase el velar por los intereses de sus matriculados.

En efecto, la colegiación legal pospandémica ha entrado en un tobogán riesgoso, sin advertir la crisis del abogado unipersonal o del pequeño estudio frente a la digitalización. Hasta los mismísimos estudios corporativos ingresaron en esa pendiente fusionándose o mudándose de sus lujosas sedes, por ejemplo de la zona de Puerto Madero a lugares menos exclusivos y cuyos alquileres son más económicos.

La pandemia nos llevó a acelerar los tiempos de la informatización plena, lo cual nos condujo a la implementación del expediente electrónico que hoy llegó para quedarse, al menos en las competencias nacional y federal. Tanto la División de Tecnología de la Corte Suprema, como los equipos de Sistemas del Consejo de la Magistratura y del Colegio Público de Abogados trabajaron arduamente durante la pandemia en ese cometido. Más tarde, con más la Unión de Trabajadores de la Justicia de la Nación concordamos a fines de julio de 2020 los lineamientos básicos de esta nueva manera de ejercer la profesión, tanto de un lado como del otro del mostrador.

Dicha situación condujo a una suerte de vaciamiento en cuanto a la afluencia de público a los tribunales y a los Colegios de Abogados, ya que al no ser necesario concurrir a los tribunales de justicia, tampoco se asiste con asiduidad a los consejos profesionales.

En medio de todo ello se produce un debate oculto (o que a algunos les conviene esconder) entre algunos de los tradicionales y sobradamente probados dirigentes de la Abogacía y los que arribistas que llegaron de la mano de los partidos políticos que, individualizan a las entidades de profesionales como centros de poder y “caja”. La primera de las categorías como siempre tratando de mejorar los honorarios, servicios, derechos e incumbencias de los colegas; y la segunda a la espera de las órdenes del poder político al que se subordinan, directivas que por lo general, no son coincidentes con la realidad y las necesidades diarias de los abogados.

Así se dan realidades diametralmente opuestas; mientras aquellos dirigentes clásicos de la colegiación legal batallan por ejemplo, contra otro intento de instaurar las sucesiones notariales (es el cuarto o quinto intento legislativo), los partidocráticos salen a respaldar con enjundia pseudo independencias judiciales, cuando todos sabemos y conocemos que en realidad y por lo general, muchos jueces y magistrados se subordinan al poder político, económico y/o mediático de motu proprio y no por interferecias meramene discursivas.

Hoy se conduce a los consejos profesionales mediante el marketing de las redes sociales con mensajes coucheados y huecos a través de consignas vacías como que no se aumentarán los valores de la matrícula por un año en un país donde la inflación nunca baja del 50% anual o, postulan créditos a tasa cero que no existen en el mercado, y toda otra serie de inconsistencias para captar el voto desprevenido de los incautos. Es el gobierno de la oquedad.

Así, la conducción de la colegiación legal argentina en su mayoría, se conduce hacia un discurso único que protege a rajatabla a jueces y magistrados “obedientes”; es la que se escandaliza cuando alguien osa decir algo contra algún fallo o proceder de algún funcionario judicial; pero no dice una sola palabra cuando se interceptan y difunden ilegalmente conversaciones entre “abogados” y clientes mediante la intervención de los absurdamente denominados “cuentapropistas”, o cuando se justifica el espionaje de los familiares de los héroes del Ara San Juan “por razones de seguridad nacional”; fallos que terminan consoldando la nefasta operatoria como admisible en República Argentina.

Al mismo tiempo y por otro andarivel, los abogados atraviesan una crisis terminal. Ya no es posible ni rentable, mantener siquiera una oficina pequeña; la proliferación interminable de abogados sin la formación universitaria necesaria continúa sin solución de continuidad lo que genera una competencia desleal reiterada y sostenida porque lo único que importa, no es el cliente y la protección de sus derechos sino ganar algo de plata para llevar a casa como sea. Los nóveles solo aspiran a conseguir un contrato fijo que los proteja de la acuciante realidad económica, si implica no trabajar mucho mejor, convirtiéndose en presas voluntarias presas del clientelismo universitario y pos universitario.

Los Consejos Profesionales de todas las profesiones liberales se han convertido en cotos de caza de la política partidaria. Algunos se acercan a ellos como trampolín en su carrera partidocrática, otros para recuperar sus logros partidarios perdidos otrora, y muchos para poder viajar o acomodarse por vinculaciones cercanas con jueces o bien, participar de suculentos salarios como directores de las cajas forenses. Mientras tanto, los consejos le son apetecibles a la política para que la cultura del “si pasa, pasa” sea más alcanzable con el silencio cómplice o con la justificación de lo injustificable.

¿Y los Abogados? ¿Y los profesionales independientes de mente y espíritu?

Bien, gracias. Asisten azorados a observar como las entidades construidas con mucho esfuerzo por los dirigentes de buena voluntad se van convirtiendo en comités, unidades básicas, locales partidarios o centros para magistrados.

Es tiempo de observar la situación minuciosamente, de reflexionar y determinar sobre todo a la hora de votar, qué tipo de instituciones profesionales se necesitan y se quieren para el mejoramiento de la vida, los derechos, servicios e incumbencias de los profesionales; y para el resguardo de la democracia, de la forma republicana de gobierno y la supremacía irrestricta de los derechos y garantías de otorgados por la Constitución Nacional.

De nosotros depende, pero de todos.

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