
¿Se puede ampliar la Corte Suprema a 25 jueces? Un primer análisis meramente normativo dice que sí, pero se requieren dos cosas:
Para ampliar o reducir la cantidad de integrantes del máximo tribunal, lo único que hace falta es dictar una nueva ley en el Congreso de la Nación que modifique la ley 26.183, la dificultad se plantea en lograr la mayoría en ambas Cámaras, considerando que hoy el oficialismo no tiene la mayoría en diputados.
El proceso para nombrar un nuevo integrante de la Corte Suprema requiere que la propuesta del Ejecutivo sea aprobada por 2/3 tercios de los votos para lograr el acuerdo en el Senado.
Ahora, a poco que reflexionemos sobre la factibilidad de que esto suceda, cabe decir que a un gobierno que viene perdiendo cada vez mayor fuerza política, le sería muy difícil sumar las adhesiones necesarias para su tratamiento. Sobre todo, teniendo en cuenta algunos antecedentes tales como la dificultad para el nombramiento al reemplazo de Elena Highton de Nolasco, al punto de que la danza inicial de nombres quedó desdibujada con el correr de los meses, sin que ninguna de las abogadas propuestas cobrara fuerza.
Tampoco pudieron aprobar el pliego de Daniel Rafecas para reemplazar en el cargo de Procurador a Eduardo Casal, a quien el gobierno considera afín a Juntos por el Cambio, ni siquiera al inicio del gobierno, cuando el presidente Alberto Fernández gozaba de una aprobación en su imagen por encima del 70% y la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial no tenía el grado de deterioro que hoy se evidencia.
También cabe recordar el fracaso de la reforma judicial que intentaron llevar adelante a mediados del 2020, y que probablemente haya sido una de las causales de los primeros cuestionamientos a la cuarentena estricta, junto con el caso de la expropiación a la empresa Vicentin. Recordemos que esta reforma no implicaba una mejora para la ciudadanía, como sería modificar los códigos procesales arcaicos con los que debemos lidiar, modernizar o ampliar los juzgados o la creación de un polo judicial como alguna vez se intentó con los edificios de Inmigrantes y Comodoro Py. La reforma intentada era estrictamente sobre el fuero federal, donde la inmensa mayoría nunca tendrá que litigar, ya que entiende en delitos muy específicos, entre ellos los vinculados al narcotráfico, terrorismo y corrupción.
Haciendo un análisis de los antecedentes legislativos que hay en danza:
Uno de ellos pertenece al senador y ex gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, que propone llevar a 16 los jueces de la Corte, integrando la misma en función de 5 regiones y en paridad de género, lo cual sería coherente con nuestro sistema electoral.
El otro proyecto pertenece al oficialista puntano Adolfo Rodríguez Saá, que propone volver a la integración con 9 jueces y federalizar el máximo tribunal con el nombramiento de magistrados por regiones.
La senadora neuquina Silvia Sapag también plantea una composición por regiones, elevando a 15 los integrantes de la CSJ y, por último, está la iniciativa de la riojana Clara Vega, que propone regular el cupo femenino del tribunal sin elevar su número.
No puedo dejar de observar que hoy la composición de la Corte, está representada mayormente con jueves provinciales, dado que Rosatti y Lorenzetti son de Santa Fe, Maqueda es oriundo de Córdoba y solamente Rosenkrantz es porteño, por lo que no se estaría observando actualmente una Corte “porteña” como muchas veces se sostiene en distintas declaraciones.
Desde lo conceptual, creo que no hay más excusas para seguir demorando la paridad de género en los niveles más altos de la Justicia, y también considero que es un modelo para seguir el sistema implementado en otros países de una Corte con distintas salas y expertos en diferentes materias: solo por poner algunos ejemplos, salas especializadas en civil, familia, comercial, penal, laboral, previsional y ambiental. También creo que la representación debe atender al federalismo, aunque hoy no veo ese aspecto desbalanceado, al menos a favor de la Ciudad de Buenos Aires.
Por último, considero que plantear algo tan trascendental como la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, debería hacerse en un contexto de máximo consenso político y social, puesto que las instituciones deben ser pensadas y planificadas a largo plazo, en especial el Poder Judicial, que debe ser la última defensa del pueblo ante cualquier exceso de quien detente el poder de turno, sin importar su ideología.
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