De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (RAE) se define “informal” como aquello que no guarda las formas y reglas prevenidas. Si lo aplicamos a las empresas en nuestro país, la informalidad empresarial puede definirse como la realización de actividades con fin de lucro sin cumplir con las normas aplicables a las mismas.
La informalidad empresarial constituye uno de los mayores problemas del Perú desde hace muchos años. De acuerdo a cifras de la Cámara de Comercio de Lima, al 2017 existían tres empresas informales por cada empresa formal. Sin embargo, es con la pandemia por la Covid-19 y las cuarentenas estrictas en el Perú que se generaron una serie de consecuencias que coadyuvaron a incrementar la informalidad empresarial en el Perú, por ello se estima que las cifras citadas han incrementado notablemente durante los últimos dos años.
Se sabe que aproximadamente el 17,7% del PBI del Perú está conformado por unidades productivas informales y que la crisis económica influenciada por los problemas sociopolíticos y eventos internacionales no favorecen a este problema. Sin embargo, instituciones como la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) han implementado mecanismos que buscan incrementar la constitución de empresas como medida para incentivar la formalización. Así, durante el 2021 se constituyeron en el Perú cerca de 430 sociedades mediante la modalidad de sociedad por acciones cerrada simplificada (SACS). Esta modalidad, impulsada por el gobierno a raíz de la pandemia, se creó con el propósito de ser una alternativa para fomentar la formalización de las micro, pequeña y mediana empresas con una mayor rapidez y uso de mecanismos 100% digitales. Se trata de un avance importante en miras a lograr la reducción de la informalidad en el Perú; sin embargo, corresponde implementar mayores mecanismos que favorezcan este fin.
La informalidad empresarial repercute dramáticamente en la formalidad laboral ya que nuestro país cuenta con una de las tasas más altas de empleo precario impactando al 60% de la población económicamente activa (PEA) a nivel nacional. Según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2021 la informalidad laboral avanzó 23.6% en relación al 2020 mientras que en comparación al 2019 en 6.5%. Asimismo, la informalidad laboral en Perú alcanza el 76.8%, una de las cifras más altas de la región. Si bien estos números están compuestos de diversos factores como el cierre de empresas y la crisis económica de los últimos dos años, se sabe que un gran porcentaje está directamente relacionada a la informalidad empresarial.
Entre los muchos factores que impulsan el poco interés en la formalización se encuentran sin duda los aspectos económicos, socioculturales y, sobre todo, legales. La poca cercanía de las normas al emprendedor conlleva a fomentar la informalidad, ello porque, a diferencia de países más desarrollados como Reino Unido o Estados Unidos, la dispersa normativa confunde y la burocracia estatal desalienta. En Norteamérica basta con llenar unos formularios para poder constituir una compañía y la revisión del cumplimiento viene a realizarse de manera “ex post”; es decir, luego de habérsele generado facilidades al empresario para su formalidad. Los excesivos requerimientos “ex ante” o antes de la constitución y la poca flexibilidad de las instituciones públicas en el Perú contribuye a mantener el inconveniente.
De otro lado, la formalización implica costos muy elevados que muchas veces los ciudadanos no pueden costear, lo que junto con la ausencia de presencia estatal y normas poco cercanas o insuficientes desalientan al emprendedor. Un estudio del Banco Mundial informó que se hace necesaria una reducción de las cargas fiscales, el fortalecimiento de la aplicación de las leyes laborales y la educación al empresario, así como la eliminación de desincentivos al empleo formal.
En el Perú, la desconfianza en el Estado y en especial como ente administrador de los tributos, conlleva a una resistencia del emprendedor a la formalización, lo que trae consigo un círculo vicioso de un país con resultados económicos más débiles, con menores recursos para combatir crisis y, por tanto, mayor pobreza.
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