
La inflación es una calamidad. Ninguna persona honesta dice lo contrario. De acuerdo a lo informado por el INDEC, la inflación de marzo fue del 6,7% e igualó la marca más alta de los últimos veinte años.
El impuesto inflacionario no necesita ser legislado, castiga con más fuerza a los que menos tienen, a la clase media, a los comerciantes, a los industriales y a todo aquel que quiera progresar. La inflación es uno de los indicadores más inapelables de la decadencia económica y moral del país.
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Los argentinos estamos acostumbrados a que el pésimo manejo del país se vea reflejado en astronómicas subas de precios. No hay generación que no haya sido testigo de la vejación serial a la cual es sometida la moneda. En solo cincuenta años cambió cuatro veces de denominación y le amputaron trece (13) ceros para que los números pudiesen entrar en las máquinas de calcular y para que conserve algo de dignidad ante propios y extraños. 1881: Peso Moneda Nacional. 1970: Peso Ley. 1983: Peso Argentino. 1985: Austral. 1992: Peso. Sin la quita de ceros un café que hoy cuesta 300 pesos costaría 3000 billones. Ni Kafka pudo imaginar semejante barbaridad.
En la década del 50 el promedio anual de inflación fue del 31,3%. El año 1959 marcó el récord con 125%. En la década del 60 la tasa anual promedio fue 22,8% con un pico en 1966 del 32%. De 1970 a 1975 el promedio anual fue del 38,3% con récord de 182% en 1975 con el “Rodrigazo”. De 1976 a 1979 el promedio fue de más del 200% por año. En 1983, al finalizar el gobierno militar, la tasa anual fue superior al 300% mientras que en 1984 y 1985 ascendió al 600% por año para llegar al 3079% en 1989. En 1990 la inflación anual fue 2.314%. Los números parecen sacados de un libro de historias de terror pero son de la vida real en un país que vive rehén de supersticiones.
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Hace pocos días el presidente Alberto Fernández tuvo el descaro de afirmar públicamente que la inflación está “autoconstruida en la cabeza de la gente”. La ocurrencia es digna de un relato surrealista o de esoterismo lopezreguista. Una vez más Fernández mancilló la investidura presidencial y decidió pasar a la historia con una sentencia humillante.
Eso sí, los papeles de 1.000 pesos que no valen nada siguen siendo los de más alta denominación porque, dicen, hacer billetes más grandes permitiría que la gente se dé cuenta de que la inflación existe. Además, nos toman por idiotas.
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La inflación de marzo es un escándalo vergonzoso. En cualquier país del mundo la responsabilidad de que la moneda se deprecie es de quien maneja la economía. Nadie serio disputa esta verdad. En Argentina es un hecho previsible e inevitable en las actuales condiciones de aislamiento comercial y festival de gasto público. El Gobierno derrocha el dinero de todos los que trabajan y aportan como si fuese papel picado en una fiesta obscena de dispendio y corrupción sistémica.
No hay salida posible del abismo inflacionario sin un ordenamiento del Estado que a su vez permita la creación de una industria local competitiva que genere inversiones y puestos de trabajo. Se deben poner en caja las cuentas públicas y eliminar el déficit crónico, verdadero origen de la inflación. Déficit fiscal excesivo y crónico es el recurso que sostiene a los regímenes basados en la coima perpetua.
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Romper el círculo vicioso para iniciar un proceso virtuoso es el único camino posible. No hay misterios. La economía no es magia negra, ni alquimia, ni construcciones mentales. Los países que crecen son aquellos que liberan la fuerza inigualable de la iniciativa individual, los que no reprimen la creatividad de la gente con prohibiciones, cepos, impuestos confiscatorios y regulaciones hechas a medida del “retorno”.
El país debe abrirse al intercambio comercial global. No hay otro camino que conduzca al crecimiento con prosperidad. Los argentinos somos rehenes de productos malos y caros con la complicidad de la administración de turno. La ausencia de una competencia genuina es otra de las causas de la suba de precios. Cerrarse al mundo es la fórmula populista para crear inflación y pobreza. En 1970 el índice de pobreza era del 4%. Hoy es 50%. Los números no dejan mentir.
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Mientras tanto, en lugar de apagar el incendio el gobierno arroja nafta sobre las llamas inventando impuestos y subiendo los existentes a niveles que inhiben cualquier tipo de ciclo constructivo al tiempo que promueven la evasión y el mercado negro funcionales a la lógica de corrupción.
Sobre todo eso, el Gobierno estimula el impuesto inflacionario destinado a solventar el gasto público expandido a niveles imposibles durante el breve boom sojero de la década pasada. La gente está desesperada. Solo hay que ir al supermercado para comprobarlo.
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Mi propuesta es ordenar el caos que hoy es el Estado, reducir drásticamente la carga impositiva y promover la radicación de empresas competitivas que inviertan en salarios lo que hoy se dilapida en impuestos.
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