El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, adelantó que desde el Consejo Económico y Social se trabaja junto a 40 universidades en “un estudio pionero” a través del que se buscará proponer “un pacto para el buen uso de las redes sociales”, para que “dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia”.
La idea expuesta por el mencionado funcionario nace en el marco del “Pacto por la Información y la Democracia”, el cual busca fomentar un entorno que propicie a los ciudadanos de información fiable para ayudarles a forjarse una opinión en un contexto de desinformación masiva en línea, teniendo como norte la “transparencia” en el sistema de información pública; con reguladores encargados de hacer cumplir los requisitos de transparencia, que posean fuertes procesos democráticos de supervisión y auditoría; y especialmente toda esta cuestión debe darse en el marco de los principios de derechos humanos basados en el derecho internacional: legalidad, necesidad y proporcionalidad, legitimidad, igualdad y no discriminación.
Desde el punto de vista jurídico, nuestra Constitución establece que todos los habitantes tenemos el derecho de publicar nuestras ideas sin censura previa; la Convención Americana de Derechos Humanos nos habla sobre la libertad de pensamiento y expresión; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce la libertad de pensamiento, y establece que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. En definitiva, ninguna autoridad puede limitar, censurar o silenciar la voz del que piensa distinto y esta regla también alcanza a las redes sociales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo referente a esta libertad y especialmente sobre las cuestiones de interés público sostiene que: “La libertad de expresión, (...) ‘es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática’. No sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población” (Caso Ríos y otros vs. Venezuela).
El Estado tiene la obligación de garantizar la libertad de expresión, por cuanto la inexistencia de ella debilita nuestra democracia. Esta libertad desintoxica y da luz a los “sótanos de la democracia”.
La sociedad tiene un gran desafío por delante en lo que a esta libertad se refiere, por ello, a mayor información, mayor debe ser el compromiso de la ciudadanía con la cosa pública. Censurar a quien opina o piensa distinto, no es la regla, el objetivo debe ser el de promover el fortalecimiento de la sociedad democrática mediante la pluralidad de voces y el debate libre de ideas con mayor tolerancia y espíritu de apertura.
La libertad de expresión es la piedra angular que sostiene el pesado edificio de la democracia. Debemos garantizar el libre y pleno ejercicio de las libertades a toda persona y debemos tener la capacidad de proteger el debate público democrático. Como dijo Simone de Beauvoir: “Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea nuestra propia sustancia”.
SEGUIR LEYENDO
Últimas Noticias
La guerra no tiene razón nunca: comunicar para la paz
Mientras el debate público se concentra en justificar posiciones y señalar culpables, las guerras siguen avanzando. La paz también comienza en la forma en que hablamos
Fronteras invisibles: el “inmigrante digital” de Harari y el poder de la IA en las empresas
La inteligencia artificial se instala en las empresas como un actor sin pasaporte ni ciudadanía, desdibujando fronteras y protocolos. Su integración silenciosa redefine el proceso de toma de decisiones y plantea desafíos inéditos sobre soberanía, control y responsabilidad
Hay otro camino
El gobernador de la provincia de Buenos Aires analiza en una columna de opinión el rumbo económico del país
¡Ni un paso atrás!: La igualdad de género es el motor que el PBI peruano necesita
Entre leyes que vienen desmantelando el enfoque de género y discursos que pretenden reducir nuestra identidad a roles domésticos, el país se enfrenta a un peligroso punto de inflexión
8M: El derecho al tiempo
Hablar de igualdad no puede limitarse a gestos simbólicos ni a debates superficiales. Implica reconocer que el tiempo es un recurso productivo y que su distribución desigual perpetúa brechas económicas
