El trágico caso de la cocaína adulterada que conocimos días atrás revela la trama delictiva y mafiosa del narcotráfico instalado en nuestro país. Esta situación es el emergente del desinterés del gobierno nacional y provincial por darle batalla y de la ausencia de una política clara. Evidentemente es un tema que no tiene lugar en la agenda de prioridades. Mientras tanto, la puja entre bandas disputándose el territorio es una realidad que pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos y los deja indefensos. Cuando el Estado se corre, los narcos avanzan.
Este avance ya no conoce fronteras ni límites. La connivencia de cierto sector marginal de las fuerzas policiales, que libera zonas o prefiere no involucrarse, muestra una de las caras más oscuras del problema. Si aquellos que deben combatir el delito miran para otro lado, las posibilidades de éxito de operativos o allanamientos son casi nulas. La impunidad y la corrupción se cobran muchas vidas. Las “Madres del paco” y otras agrupaciones similares de la sociedad civil, que denuncian el accionar lento –cuando no cómplice– de quienes tienen que protegernos es el testimonio valiente de las heridas dolorosas e irreparables que dejan las organizaciones delictivas.
En los años que me tocó ser intendente de Vicente López pude comprobar que cuando la decisión política de dar la pelea es clara y contundente, las fuerzas policiales también acompañan y se comprometen. Ese respaldo es fundamental y tiene una convicción de fondo: el narcotráfico es un enemigo y debemos enfrentarlo.
El Estado no puede correrse de esa responsabilidad. Lo que estamos viendo en el conurbano o incluso en otros lugares de nuestra provincia pone de manifiesto la gravedad de un problema que se profundiza aún más cuando, en vez de combatirlo, se cuantifica el delito y se lo relativiza hablando de narcomenudeo o usando eufemismos como consumo responsable. No se puede discutir el delito en función del tamaño. La ley no está para aplicarse un poquito: se cumple o no se cumple, se persigue el delito o no.
La dimensión y la complejidad del consumo problemático de sustancias exige un debate integral sobre políticas públicas de seguridad, salud y educación. En este sentido, la prevención y la no naturalización de las adicciones es también una batalla cultural que nos pone por delante enormes desafíos. No podemos seguir corriendo el problema desde atrás.
La inacción o la falta de decisión política es un retroceso y eso significa dejar espacio al avance del delito organizado. El compromiso de quienes asumimos la responsabilidad de gobernar y la gravedad de lo que está pasando reclaman un posicionamiento taxativo y determinado de cara a toda la sociedad. El discurso de apertura de las próximas sesiones legislativas es la oportunidad para que el Presidente Fernández y el Gobernador Kicillof se expresen con un mensaje sin medias tintas. Así lo hicimos cuando nos tocó porque siempre tuvimos muy en claro que de este lado estamos los que queremos cumplir y hacer cumplir la ley; allá, enfrente, están los narcos y hay que irlos a buscar.
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