¿Quién fue el culpable?

Es bien conocido que la Argentina pasó de tener (hasta medidos de la década de 1930) ingresos per cápita cercanos a los de los países más ricos del mundo, a contar hoy con ingresos que son solo una fracción de aquellos (no más del 30%). Como no podía ser de otra manera, esta comprobable realidad genera fuertes debates sobre quién fue el culpable… Una buena parte de la opinión pública y de los analistas cargan las culpas sobre las políticas económicas de lo que genéricamente se conoce como “el peronismo”, en tanto que los simpatizantes de dicha facción política no dudan en culpar a lo que ellos genéricamente llaman “el neoliberalismo”.

El hecho de que Perón muriera en julio de 1974, justo un año antes del peor período del retraso (1975-1990) facilita a la opinión peronista a exculpar a su líder, así como al conjunto de políticas proteccionistas, estatistas, nacionalistas, inflacionistas y sindicalistas que históricamente compusieron el núcleo de su doctrina. Contribuyen a esta visión dos hechos importantes: en primer lugar, la débil percepción y/o el borroso recuerdo del lento, pero persistente y sistemático retraso que tuvo lugar antes de la muerte de Perón, claramente a lo largo de las casi tres décadas que median entre 1935 y 1963. En ese lapso el ingreso per cápita argentino bajó desde un nivel próximo al 85% del que obtenían (en promedio) los habitantes de los países más ricos del planeta, a un valor cercano al 58%, o sea, 27 puntos porcentuales menos en 29 años. Un suave tobogán descendente, cayendo prácticamente a razón de un punto porcentual por año, resultante de que en esas casi tres décadas, el ingreso per cápita argentino creció a razón del 1,35% por año, cuando el del conjunto de países desarrollados lo hacía al 2,75% anual. En segundo lugar, contribuye a la exculpación del peronismo la “desorientadora pausa” de once años previas a la muerte del general (1964/74) durante los cuales el crecimiento del ingreso per cápita argentino se aceleró al 3,3% anual, igualando al de los países más desarrollados, evitando así la acumulación de más retraso sobre el 58% de 1963.

Sobre el período 1964-74, si bien nueve de esos once años transcurrieron bajo gobiernos no peronistas (Illia, Onganía, Levingston y Lanusse), muchos simpatizantes del peronismo atribuyen el buen desempeño a las áreas de la política económica que no fueron prácticamente tocadas por los gobiernos que siguieron a la Revolución Libertadora, como, por ejemplo, el proteccionismo industrial, el régimen de sindicato único por actividad y la presencia estatal en los sectores energéticos, de infraestructura y servicios públicos. Este argumento se destruye cuando se lo confronta con la realidad del retraso que caracterizó los nueve años de gobierno de Perón (1946/55), producto del abandono de las reglas fiscales y monetarias que garantizaban la estabilidad del peso; el aumento de la intervención estatal en la economía a niveles anteriormente desconocidos; el ya mencionado régimen de sindicato único por rama; los salarios nominales elevados artificialmente; los congelamientos de precios, alquileres y arrendamientos; la estatización de los servicios públicos entregados a sindicalistas que desatendieron la inversión, llenándolos de empleados innecesarios y dejándonos sin petróleo, sin electricidad, sin rutas y sin puertos; las tarifas subsidiadas; el crédito dirigido políticamente desde el Banco Central nacionalizado y la inflación monetaria, no ya como fenómeno aislado, sino como característica permanente de la economía. No es que ninguna de estas cosas exista en las economías más desarrolladas, pero el peronismo las practicó aquí con una intensidad que llega a la desmesura, y la realidad muestra que donde se aplican tanta intensidad provocan desinversión y pobreza (Cuba, Venezuela, Corea del Norte).

A lo anterior debe agregarse la profundización de la intervención cambiaria discriminatoria en contra de la exportación, característica no original del peronismo, porque venía existiendo ininterrumpidamente desde fines de 1931, pero llevada hasta niveles ridículos, con aranceles prohibitivos y toda clase de barreras no arancelarias. Como resultado, el volumen físico de las exportaciones de 1955 no superaba al embarcado veinte años antes (1935).

El notable repunte del crecimiento registrado en los once años que van desde 1964 hasta 1974 no se debió – precisamente – a las virtudes de las políticas económicas del peronismo, sino justamente a lo contario. Los gobiernos que siguieron a la Revolución Libertadora eliminaron varios (aunque no todos) de los rasgos más bizarros de la política 1945-55. Se atenuó o se eliminó el sesgo anti-exportador del control de cambios, aunque no el de las retenciones sobre las exportaciones, la protección aduanera a la industria mercado-internista y el sindicalismo monopólico. Al promover importantes inversiones en energía e infraestructura, ejercer cierta contención de los desbordes sindicales y moderar el gasto público y la inflación, los gobiernos mencionados no lograron una vigorosa recuperación de las exportaciones, pero sí once años (1964-74) durante los cuales la brecha del ingreso per cápita no se agrandó. Debido a ello, muchos de quienes en la década de 1960 cursábamos la universidad no percibíamos claramente el fenómeno del retraso, ni la debacle que nos esperaba a la vuelta de la esquina.

Los trabajos publicados en 2011 y 2014 por Juan J. Llach y quien esto escribe han demostrado la correlación existente entre el retraso del ingreso per cápita argentino y el derrumbe del comercio exterior del país. Así, hay que buscar la primitiva raíz de nuestra decadencia cuarenta años antes de 1975, cuando en la década de 1930, enfrentados a una crisis global inédita y una ola proteccionista mundial, los presidentes Uriburu, Justo, Ortiz, Castillo y sus ministros o asesores no encontraron mejor idea que introducir un control de cambios con tipos múltiples, que impulsó una masiva sustitución de importaciones a altos costos, dañando el verdadero potencial exportador del país. Esa raíz, madre de la decadencia, adquirió volumen, fuerza y carácter permanente cuando el Perón de 1946-55, en vez de aprovechar (como Italia, Japón y tantos otros) el desarme del proteccionismo mundial de posguerra, profundiza las políticas anti-exportadoras hasta niveles aberrantes, condenando al comercio exterior argentino al raquitismo. Y sigue cuando los presidentes Aramburu, Frondizi, Guido, Illia, Onganía, Levingston y Lanusse revierten algunos de los aspectos más distorsionante de las políticas peronistas y logran acelerar el crecimiento de la economía, pero no desarman la estructura aduanera proteccionista, ni el régimen de sindicato único, ni el estatismo rampante en las áreas energéticas, de infraestructura y servicios públicos.

Fue el descontrol fiscal, monetario, sindical y político que caracterizó al gobierno de Perón de 1973-1974 lo que nos lanzó, tras su muerte, a la hiperinflación, poniendo fin al razonablemente buen intervalo 1964-74 e inaugurando la fase más catastrófica del retraso, que continuó (Isabel, Proceso y gobierno de Alfonsín mediante) hasta 1990. En esos dieciséis años que corren de 1975 a 1990 la inflación superó casi siempre el 100% anual y hubo tres hiperinflaciones; el ingreso per cápita argentino no solo no creció, sino que cayó un 18% (¡más de 1% por año!) y la ratio “ingreso argentino/ingreso países desarrollados” se derrumbó al 35%, permaneciendo allí – nuevamente, en medio de los fuertes altibajos de las gestiones de Menem y Kirchner – hasta hoy.

¿Quién fue el culpable, entonces? Por más lento, pausado y poco perceptible que haya sido el retraso de la Argentina anterior a 1975, la realidad es que fue sustancial. Y del posterior a ese año, no hace falta ni hablar. En cuanto a los culpables, no fueron ni el liberalismo ni el neoliberalismo, sino las desmesuras proteccionistas, estatistas, nacionalistas, inflacionistas y sindicalistas, que condenaron (y siguen condenando) al comercio exterior argentino al raquitismo.

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