De planes a empleos, lo verdaderamente popular

La creación de puestos de trabajo tiene mayor potencial para reducir la inequidad que los programas de asistencia. Además, la creciente desigualdad durante los últimos años en la región pone en evidencia la fragilidad estructural del combate de la pobreza sustentado en transferencias monetarias directas

(EFE)
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Los planes sociales han sido necesarios para crear las redes de contención que mantienen a los más vulnerables de pie. Son la última barrera de defensa antes de la marginación y el desamparo. Han generado redes de solidaridad y organización popular para resistir la exclusión.

En la primera década del siglo XXI, hasta que se produjo la crisis financiera de 2009, los programas de transferencias condicionadas se expandieron en América Latina y contribuyeron a reducir la inequidad. Casi un 30% de la mejora en indicadores como la mortalidad infantil, la desnutrición, la asistencia escolar y el índice de Gini, que mide la desigualdad del ingreso, fueron consecuencia de la puesta en marcha de programas sociales para asistir a los más vulnerables, ya sea a partir de transferencias condicionadas por requisitos de educación y salud, o de pensiones no contributivas, en general para adultos mayores.

Bolsa Família en Brasil, Progresa en México, Asignación Universal por Hijo en Argentina, el programa Juntos en Perú, el Bono de Desarrollo Humano en Ecuador. Las iniciativas se multiplicaron por la región con una cobertura que llegó a superar el 33% de la población latinoamericana.

Sin embargo, así como estas transferencias explican cerca de un tercio de la disminución de la desigualdad, el 54% de la mejora fue consecuencia de un incremento de los ingresos laborales producto de mayores niveles de empleo.

Las dos enseñanzas de este período saltan a la luz. Por un lado, aunque ambos tienen un impacto positivo, la creación de empleo tiene mayor potencial para reducir la inequidad que los programas de asistencia. Por otro lado, la creciente desigualdad durante los últimos años en la región pone en evidencia la fragilidad estructural de una reducción de la pobreza sustentada en planes sociales.

Tenemos por delante la difícil tarea de repensar los mecanismos de asistencia y convertirlos en un puente entre la urgencia actual y los empleos del futuro.

En nuestro país, hasta diciembre de 2015, el 40% de las personas recibía algún tipo de subsidio social. A fines de 2019, esa cifra aumentó a 44%, y continuó subiendo hasta rondar el 50% el año pasado como consecuencia de la pandemia. No se trata de una cuestión coyuntural ni tampoco partidaria. Los planes sociales aumentaron en gobiernos de diferente bandera política y sesgo ideológico.

Es tiempo de encontrar consensos que sean solidarios para no dejar a nadie atrás. En dicho camino, armonizar con el eje en el trabajo los más de 140 programas y planes sociales que existen en la Argentina -con su multiplicidad de tarjetas-, es una urgencia de nuestro tiempo. Una sociedad basada en la cultura del trabajo es una sociedad con mejor futuro.

Necesitamos considerar en forma simultánea el lado de la oferta y de la demanda de empleo. Por el lado de la oferta, por ejemplo, resolviendo problemas relacionados con los trabajos temporarios, con normativas que posibiliten el trabajo formal, en esquemas de transición que no pongan en riesgo las transferencias condicionadas, sobre todo a nivel de las economías regionales. Y con una formación profesional que se anticipe a las necesidades industriales, con capacitación docente para que los más chicos adquieran habilidades digitales desde una edad temprana, fomentando la creatividad, la innovación, la empatía, la comunicación, el trabajo en equipo.

La alta tasa de informalidad, que supera el 50% en América Latina, es otro problema compartido en la región. En esa precariedad se encuentra también la raíz de los desequilibrios fiscales: solo la mitad de la población activa realiza aportes jubilatorios. Las nuevas modalidades de empleo autónomo o a distancia no deben agravar este problema crucial para el financiamiento del Estado y su capacidad de diseñar e implementar políticas públicas.

Por el lado de la demanda, es preciso impulsar la creación de nuevos empleos registrados. Resulta fundamental incluir a las cooperativas de trabajo a través de programas de transferencias monetarias asociados al empleo. Las cooperativas brindan un marco ideal para la transformación, al incorporar en su propia naturaleza una ayuda mutua que va más allá de la asistencia económica, que incluye dimensiones educativas, sociales y culturales en un sistema democrático de responsabilidad compartida. Al tiempo que reconocemos y acompañamos el trabajo social en las comunidades y acercamos tecnología con infraestructura de conectividad a las zonas rurales.

El refuerzo a las iniciativas agroecológicas vinculadas a una mejor nutrición y la construcción de viviendas son otros pilares fundamentales. La consigna de tierra, techo y trabajo -consagrada en la ley de integración socio-urbana de los barrios populares como real política de Estado-, tiene el desafío de conjugar los aportes presupuestarios con el dinamismo de su ejecución a través de la organización de los movimientos populares, cuyo aporte a la economía social ha sido consagrado recientemente con el reconocimiento de los estatutos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. La batalla contra el cambio climático es otro vehículo eficaz para conjugar las transferencias condicionadas con acciones de remediación y mitigación y la infraestructura verde.

Estos objetivos ya recibieron impulso con la puesta en marcha de un régimen de beneficios fiscales y en las nuevas relaciones laborales, como las que consagra la Ley de Economía del Conocimiento y el acuerdo sectorial para la industria audiovisual y de creación de contenidos. Más recientemente, el Programa Te Sumo, que incluye instancias de formación, apunta a la inserción laboral de jóvenes en pymes creando incentivos a partir de la disminución de la carga tributaria y el pago de una parte del salario a cargo del Estado Nacional.

Las becas Progresar y Belgrano y los programas de Empleo Independiente, Nuevos Oficios para Mujeres y Potenciar Trabajo son otros buenos ejemplos de políticas activas de promoción de empleo que pueden fortalecerse con una agenda que incluya más diálogo sectorial, más capilaridad geográfica -gracias a las casi 600 Oficinas de Empleo Municipal- y la consolidación del Plan Nacional de Formación Continua.

Si bien el desarrollo no tiene fórmulas mágicas, existen círculos virtuosos construidos sobre dos pilares, la creación de empleo y el fortalecimiento del mercado interno, extremos unidos por mejores salarios, más consumo e inversión, por mayor equidad.

Este camino de la productividad social puede ser arduo, pero es el único valedero. Probamos la alternativa en demasiadas oportunidades, el trago amargo de la mera competitividad cambiaria que en lugar de robustecer los salarios los debilita, y si consigue crear una sensación de prosperidad, siempre será ficticia y fugaz.

Desde el Consejo Económico y Social apelamos a la inteligencia colectiva de argentinas y argentinos que confían en un país mejor y a quienes estamos obligados a escuchar. Sabemos que la voluntad de contribuir y participar está intacta, como quedó demostrado en las más de 640 propuestas presentadas en el concurso abierto sobre Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial.

En una nueva iniciativa de transformación, ahora el CES abrió una convocatoria para apoyar el desarrollo de proyectos innovadores para los trabajos del futuro. Tiene cuatro ejes: la formación docente 4.0; la promoción de habilidades digitales en los sectores más vulnerables; la modernización de los centros de formación profesional para los empleos que vienen; y la construcción de métricas e indicadores que permitan anticipar las necesidades productivas y la oferta educativa adaptable a tales propósitos.

Aspiramos a que la sociedad civil, los sindicatos, los movimientos populares, las pequeñas y medianas empresas, la academia y el sistema científico-tecnológico sean capaces de asociarse para diseñar proyectos innovadores, con impacto social. El desafío es apoyar y construir pruebas piloto que luego sean escalables como políticas de Estado, en el marco de una asistencia crediticia internacional de alto impacto que se está preparando, junto a los ministerios de Educación y Trabajo.

En el mismo espíritu, también estamos convocando desde el CES a todo el mundo académico y de investigación, junto a las diversas expresiones de la comunidad organizada, para presentar propuestas de política pública estructural, que permitan una discusión profunda de esta problemática.

¿Cómo pasar de los planes asistenciales a los empleos del presente y del futuro? ¿Cómo promover iniciativas que permitan una mayor inclusión laboral? ¿Cómo financiar sustentablemente futuras prestaciones universales de ingreso básico? Aquí necesitamos ciencia con conciencia. Propuestas de políticas públicas respaldadas por la evidencia científica, con sentido humanista, sin simplificaciones, con real creatividad.

Nos encontramos frente al principal dilema de nuestro tiempo: construir una ecología productiva armoniosa desde lo social. Sentar las bases de una economía regenerativa y de una democracia de la atención, que ponga su mirada en los últimos, para llegar a todos.

Como lo menciona el Papa Francisco en Fratelli Tutti: “Los planes sociales, que atienden ciertas urgencias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras…El gran tema es el trabajo. Lo verdaderamente popular -porque promueve el bien del pueblo- es asegurar a todos la posibilidad de hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, sus iniciativas, sus fuerzas”.

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