La Argentina varada entre privilegios e indecisiones

El cupo diario de 600 personas para ingresar al país y las consecuencias de esa medida -injustificable en términos epidemiológicos y lesiva de las garantías constitucionales- explica fielmente a la Argentina de hoy: varada y sin rumbo. La única norma que respeta el Gobierno es la arbitrariedad, no hay argumentos ni previsibilidad en las decisiones implementadas.

Al sinsentido de cerrarles las puertas a argentinos que están vacunados se le suma el descuido garrafal de no establecer mecanismos para la llegada de vuelos estratégicos (como las córneas para trasplantes que se perdieron) y, por sobre todas las cosas, el reconocimiento expreso de la debilidad del Estado: en lugar de testear, aislar y controlar la evolución de las personas que ingresan optaron por impedir su ingreso.

Todo esto ocurre a 16 meses de la primera etapa de la cuarentena. Duele e indigna por partes iguales que no hayan aprendido nada en todo este tiempo. La experiencia acumulada, que claramente no usan para tomar mejores decisiones que mitiguen el impacto de la pandemia, la invierten en gambetear responsabilidades. No hay forma de justificar que reincidan en errores que afectan la salud física y mental de la gente.

A días de que se definan las listas y comience oficialmente la campaña electoral para las PASO de septiembre, humildemente le hacemos llegar al kirchnerismo un eslogan para sus candidatos. Restricciones y prohibiciones para todos, concesiones y privilegios para nosotros. Es que el gobierno de Alberto Fernández derribó uno de los mitos más arraigados del populismo: el de la igualdad.

El catálogo de prerrogativas es demasiado extenso como para mencionarlo aquí. Una pequeña muestra incluye a los funcionarios que están exceptuados de aislarse preventivamente cuando regresan al país (como si la variante Delta circulara únicamente entre la gente de a pie), la vacunación irregular de amigos del poder y militantes oficialistas y la voluntad de degenerar el Poder Judicial para cuidarse las espaldas.

Pero si de la consolidación de la política del privilegio hablamos, el principal exponente es, por lejos, el ámbito educativo. El marcado desinterés en garantizar la presencialidad escolar es la prueba cabal de que no hay intención alguna de generar oportunidades de progreso para niños, jóvenes y adolescentes. El cierre de escuelas y la modalidad virtual (para cuyo sostenimiento tampoco han realizado las inversiones mínimas) implica el quiebre de la educación como motor de equidad y transformación social.

La principal novedad respecto a las etapas anteriores del kirchnerismo es la displicencia con que se desenvuelven sus referentes. Ya casi no tienen interés en mostrarse como algo distinto. Quizás porque a esta altura no hay relato que pueda disimular la realidad o porque la soberbia acumulada en los años de expansión les imposibilita ver lo que sucede.

Esta no es una crítica teórica, sino esencialmente pragmática. El desmanejo generalizado de la pandemia deja al país en una situación muy delicada ante la amenaza de una nueva ola global de COVID-19 (de la mano de la variante Delta, cuya contagiosidad supera en 120% a la cepa original de Wuhan). Con menos del 10% de la población vacunada con dos dosis, recién ahora las autoridades analizan poner en marcha estudios para comprobar la eficacia de combinar vacunas, ante la falta del componente 2 de la Sputnik V.

Vamos a competir en las urnas frente a un populismo conservador cuya zona de confort es la excepcionalidad. ¿Cómo nos paramos nosotros, la UCR y Juntos por el Cambio, en este escenario? Apostando a la coherencia y clavando la mirada en el futuro, como venimos haciendo. Ante el peligro que supone para la democracia la sistematización de la arbitrariedad y de los privilegios en el Estado, cuando está en juego la salud pública, proponemos un modelo de racionalidad, transparencia y sensibilidad social.

En la semana en la que recordamos el 55° aniversario del golpe a Arturo Illia, un auténtico hombre de estado, retomamos su ejemplo para construir solidariamente junto a la gente un nuevo paradigma de la decencia, en el sentido más amplio y rico del término. Porque ser decente en la función pública no significa solamente conducirse con honestidad, supone también gobernar para el conjunto de la sociedad, corrigiendo desigualdades y generando los estímulos necesarios para el desarrollo genuino de la sociedad.

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