Este mes del Orgullo nos encuentra en un momento decisivo para el país. Llegamos a una segunda vuelta electoral después de una década marcada por la crisis política, el debilitamiento de las instituciones democráticas y el avance de sectores que han convertido los derechos humanos en moneda de cambio para sus intereses.
En estos años hemos visto cómo el Congreso se consolidó como un espacio desde el cual se bloquearon avances fundamentales para las personas LGBTI y para otros grupos históricamente vulnerados. Y no solo desde la derecha. También desde quienes, habiendo prometido defender la igualdad y la justicia social, decidieron guardar silencio o abandonar sus compromisos cuando más se necesitaban.
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Por eso, cuando alguien nos dice que el Orgullo no debería mezclarse con la política, vale la pena recordar las palabras del gran activista argentino Carlos Jáuregui (1957-1996): “En una sociedad que educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”
Sí, el Orgullo puede ser una fiesta. Y qué bueno que lo sea. Celebrar nuestras vidas también es una forma de resistencia. Pero el Orgullo es mucho más que una celebración. Es visibilidad. Es memoria. Es una organización comunitaria. Es el trabajo silencioso de activistas y organizaciones que durante todo el año sostienen procesos, impulsan campañas, acompañan casos, generan conocimiento y defienden derechos, muchas veces después de largas jornadas laborales y con recursos limitados. Porque no existe un único activismo: existen muchos activismos, diversas formas de construir comunidad y transformación social.
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Hoy hay quienes intentan sembrar miedo para justificar alianzas y proyectos políticos que han demostrado ser profundamente hostiles hacia nuestras vidas. Sin embargo, pocas veces escuchamos la misma indignación cuando actores políticos se alían con sectores que nos llaman aberraciones, niegan nuestra existencia o promueven políticas destinadas a excluirnos de los espacios educativos y públicos.
Las consecuencias de esas decisiones son reales. Cuando se debilita la educación sexual integral o se eliminan referencias a la diversidad en las escuelas, quienes pagan el costo son las infancias y adolescencias LGBTI. Son quienes crecerán con menos información, menos herramientas para protegerse y menos posibilidades de encontrar espacios seguros donde desarrollarse plenamente.
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Porque las personas LGBTI no existimos únicamente durante junio. Trabajamos, estudiamos, cuidamos a nuestras familias, pagamos impuestos, construimos comunidad y contribuimos al desarrollo del país. También enfrentamos desigualdades, discriminación, violencia y precariedad. Nuestras vidas atraviesan todos los ámbitos de la sociedad.
Por eso el Orgullo es político.
Lo es porque nuestros cuerpos han sido históricamente cuestionados, regulados y excluidos. Lo es porque salir a las calles sigue siendo una afirmación colectiva de existencia. Lo es porque marchar significa decir que seguimos aquí, a pesar de quienes intentan borrarnos de las políticas públicas, de los discursos oficiales o de la historia.
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Este 27 de junio volveremos a encontrarnos en las calles. No solo para celebrar quiénes somos, sino también para defender nuestro derecho a vivir libres de violencia, con igualdad, dignidad y oportunidades.
Porque cada decisión política impacta nuestras vidas.
Porque nuestros derechos no son negociables.
Porque nadie nos borrará de este país.
Nos vemos en la Marcha del Orgullo.

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