Inversión y consenso político, claves para la recuperación necesaria

La recuperación económica y ocupacional de fines de 2020 se atemperó a comienzos del año actual, entre otras razones, porque las decisiones políticas van a contramano de los requerimientos económicos y desaprovechan ventajas inesperadas como el mejoramiento del precio de la soja (que alivió sobremanera el mercado de cambios en el primer semestre) y la inminente asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del Fondo Monetario Internacional.

Las expectativas que se abren al inicio del segundo semestre de 2021 no despiertan –siquiera– las mofas de que eran objeto los “brotes verdes” que se anunciaban en la segunda mitad de 2016. La acumulación actual de noticias ingratas en materia de precios, del nivel de actividad, de empleo o de ingresos es suficiente carga para obstaculizar el curso de cualquier broma.

Un rápido recuento de las informaciones más recientes indica, en relación con la actividad económica (medida por el EMAE) que, por fin, la comparación con el mismo mes del año pasado resultó positiva en el último bimestre. Se sabía que al comparar con los pésimos meses de marzo en adelante los números iban a ser interesantes. Pero la variación mensual en febrero, marzo y abril arroja resultados crecientemente negativos. Con esto se diluyen las expectativas favorables que se habían construido desde ciertos ámbitos oficiales.

En cuanto a los precios, si bien aún no sabemos cuál habrá de ser el índice oficial de junio, el acumulado de los últimos doce meses arrojará un 50% de variación y como el grueso de ese número corresponde a la primera mitad de 2021, desaparece la pauta presupuestaria que fijaba un 29% para todo el año en curso.

Los esfuerzos (de tinte electoral más que de protección social) de empujar arreglos salariales del 40% o más terminan siendo insuficientes para recuperar la pérdida de la capacidad de compra del salario al tiempo que contribuyen a enmarañar las variables macroeconómicas, por su desarticulación en términos de planificación económica. Si en la segunda mitad del gobierno de Cambiemos se acumuló un deterioro del orden del 15% de los salarios reales del sector protegido, según los informes del Ministerio de Trabajo, el acumulado del último trienio arroja ya una cifra superior al 20 por ciento. Ese diferencial negativo es mayor en el sector estatal y entre los trabajadores precarios, sin protección alguna.

Bien podría decirse que la situación en materia de empleo está asociada, como lo ha mostrado la OIT para toda la región, con los efectos de la pandemia y de las medidas tomadas por los distintos gobiernos para enfrentarla. En el caso argentino, es sabido, la profundidad y extensión de las restricciones a la actividad económica produjeron una reducción de cuatro millones de puestos de trabajo (cerca de un cuarto del total existente a comienzos de 2020).

Paulatinamente a lo largo de del año último gran parte de los empleos perdidos se fueron recuperando. De todos modos, la mayor parte de los puestos no recuperados correspondieron a dos sectores claramente identificados, casi en partes iguales: los trabajadores precarios (en relación de dependencia) y los no asalariados, en este caso sean cuentapropistas o pequeños propietarios. El impacto sectorial también estuvo altamente concentrado. Entre los precarios las pérdidas mayores fueron en servicio doméstico (más de 300.000) y entre comercio y construcción casi 200.000 adicionales. Entre los no asalariados la mayor destrucción fue en Comercio (170.000) y otros 150.000 entre la construcción y las actividades inmobiliarias y servicios empresariales.

Pese a la recuperación observada en la segunda parte de 2020 (como muestra el gráfico), un año después de iniciada la pandemia la tasa de empleo (proporción de ocupados respecto de la población) aun no llega a los niveles anteriores. Pasa lo mismo con la tasa de actividad, lo que explica que casi no haya habido variación en la tasa de desempleo.

En efecto, los enormes contingentes de ocupados que perdieron sus empleos volvieron muy paulatinamente a ofrecerse en el mercado laboral acompañando la recuperación de parte de las actividades económicas. El desaliento inicial (caída de casi diez puntos porcentuales de ambas tasas) evitó que la desocupación alcanzara o superara el 20% oscilando en cambio entre un 10 y un 13% aproximadamente.

Esta imagen inicial que, se insiste, se asemeja bastante al fenómeno registrado en general en América Latina y otras regiones, en nuestro caso tiene la peculiaridad de desenvolverse luego de un decenio de estancamiento (y caída del PBI per cápita) y también de una década de dificultades del mercado de trabajo.

Los nuevos datos de distribución del ingreso confirman que luego del mejoramiento inicial (2003-2007) siguió un extenso lapso de cuasi estancamiento, que en el primer bienio de cambiemos retomó la senda de la mejoría con valores record a comienzos de 2018, que de allí en más el descenso continuó incluyendo las dos primeras mediciones del gobierno actual: ni el primer trimestre de 2020 y, menos aún, de 2021 muestran mejoría.

De manera que las afirmaciones a comienzos de 2020 de que los problemas del país eran fácilmente solucionables expresaban un diagnóstico equivocado. A eso se agregó la pandemia, cuyo tratamiento, digamos de paso, luego de un breve lapso inicial, tomó rumbos inquietantes que complican la situación en este segundo año en el que los problemas sanitarios son más difíciles de resolver.

La obstrucción interna al Gobierno de los arreglos necesarios en materia de endeudamiento externo, por ejemplo, puede satisfacer la mirada o el gusto de algún sector oficial, pero constituye un pésimo presagio para nuestro futuro.

Extrañamente, el ajuste iniciado en diciembre de 2019 (con el tema previsional a la cabeza) ha continuado su marcha. Y ese conflicto entre las decisiones inevitables a nivel macroeconómico y el impacto político potencialmente negativo para el Gobierno (que no quiere expresar claramente lo que está haciendo) no podrá perdurar demasiado tiempo.

Allí reaparece la imperiosa necesidad de una acción política consensuada y no de ruptura y enfrentamiento continuo. La dirigencia, en especial la de todos los colores políticos, tiene la mayor responsabilidad.

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