Un reciente informe presentado ante la OEA revela que en Argentina funciona un Estado que es funcional a la corrupción. Es decir que, a los delitos de corrupción, se le agrega la impericia, la negligencia y en especial el desinterés de nuestra clase política.
El primer problema son las estadísticas en materia de corrupción. El Poder Judicial no las publica para el Fuero Criminal y Correccional Federal, desde 2012. Hasta esa fecha el MESICIC, órgano anticorrupción de la OEA, recogió que de 63 causas de corrupción resueltas entre los años 2007 a 2010, 62 habían concluido por prescripción y una fue sentencia absolutoria. A solicitud de la Asociación Civil FORES, la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial informó que desde 2013 hasta junio 2019 se registran 1185 causas de enriquecimiento ilícito y 388 por cohecho (soborno). Mientras tanto, el Registro de Reincidencias informa que entre 2009 y 2016 hubieron sólo dos condenas por enriquecimiento ilícito y cuatro por cohecho.
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El sistema judicial argentino acumula en forma exponencial investigaciones por delitos de corrupción que no concluyen. En la información relevada por FORES aparecen cuatro categorías de estos casos: a) casos que concluyen por prescripción, b) casos donde la persona investigada fallece, c) casos donde la prueba (documentos, testigos) se pierde por el transcurso del tiempo, y d) cuando la duración de la causa excede un plazo razonable, aproximadamente 20 años. En todos estos casos, no hay culpables, pero tampoco inocentes. Son todos “sospechosos”.
Como por definición la corrupción implica funcionarios públicos, nuestro país acumula así un masivo conjunto de miembros de la clase política que son sospechosos de corrupción sin que se logre aclarar esta situación. No vemos empero una preocupación de nuestra clase política en su conjunto, y más allá de este fenómeno, nadie parece ocuparse de esta gigantesca masa de casos que concluyen solamente con la sospecha. Así, la gran mayoría de las causas en donde se investigan hechos de corrupción no concluyen: los acusados son sobreseídos por prescripción, muerte del imputado, duración excesiva del proceso (más de 20 años) o porque las pruebas se degradan o erosionan.
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La Auditoría llevada adelante por el Consejo de la Magistratura de la Nación respecto de las causas de corrupción en la justicia federal reveló problemas de recursos humanos, tecnológicos y funcionales que hacen casi imposible investigar y sancionar la corrupción en nuestro país. Entre los hallazgos encontramos que diferentes órganos del Estado se hacen juicios unos a otros por negarse unos a compartir información.
El problema de nuestro país no son las leyes. Argentina tiene un sistema normativo aceptable para combatir y reprimir la corrupción. Pero las reglas no se cumplen. El problema está en la implementación. De este modo, parecería que el país ha construido un sistema funcional a la corrupción, sea por omisión o por desinterés.
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Los casos que investigan los Fiscales Federales en CABA por enriquecimiento ilícito en el período 2011-2021 son 954 y equivalen al 28,95% del total de delitos investigados en el distrito en ese período (3337 causas). Los 954 casos incluyen enriquecimiento ilícito propiamente dicho y por omisión o falsificación de declaraciones juradas. Es decir que nuestro país acumula más y más sospechosos de corrupción.
Argentina debe ser uno de los pocos países en el mundo que eliminó normas anticorrupción. Tal es el caso de la Ley 27544 que, para la negociación de la deuda externa del país, declaró inaplicable las normas preventivas contra la corrupción, establecidas en el decreto 1023/01. Parecería entonces que nuestros funcionarios podrían ofrecer o aceptar dádivas y que si causan un daño tendrían un Bill de indemnidad.
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Argentina está construyendo un sistema que, por acción u omisión, es funcional a la corrupción, la oculta o la disimula bajo información difícil de hallar, contradictoria o insuficiente. De este modo, en nuestro país no hay casi culpables de corrupción, pero tampoco inocentes. Solo sospechosos, miles de sospechosos.
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