Lamentamos profundamente esta decisión del gobierno argentino, que lejos de defender la justicia y los derechos humanos de miles de víctimas venezolanas, beneficia a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, de manera probada y documentada.
En 2018, cuando Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú solicitaron a la Fiscalía de la CPl (Corte Penal Internacional) que iniciara una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, lo hicieron con datos sólidos.
En 2020, la Fiscalía de la CPI concluyó que existe una base razonable para creer que los crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención, se han cometido en Venezuela desde al menos abril de 2017. Ese año asesinaron a casi 200 venezolanos en protestas.
Los asesinatos, las desapariciones forzadas, las persecuciones y amenazas, la represión desmedida, han sido y son un hecho en Venezuela. Sus responsables están plenamente identificados, y la cabeza de todos ellos es quien hoy usurpa el poder: Nicolás Maduro.
Muchos de quienes han sufrido la arremetida de los grupos de tarea de una dictadura militar como la de Venezuela, están hoy en Argentina. Huyeron porque su vida corría peligro. Ni ellos, ni nadie, merece que les den la espalda.
En el año 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina recabó 44 testimonios de venezolanos en Argentina cuyos derechos humanos fueron violados por la dictadura venezolana. ¿No son suficientes tan dolorosos testimonios para apoyar a las víctimas?
Ponerse del lado del opresor, ni contribuye a recobrar la democracia, la paz y la libertad en Venezuela, ni muchos menos enarbola las banderas de la justicia. Un demócrata debe, siempre, poner la defensa de los derechos humanos antes que su ideología.
La autora es embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó en Argentina
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