
Apenas antes del inicio de la pandemia y sus dramáticos efectos, en numerosos países del subcontinente latinoamericano se registraban convulsiones políticas y sociales de distinta naturaleza e intensidad.
De Chile a Brasil, de Ecuador a Bolivia, la población salía a las calles en protesta contra las autoridades por razones que parecían insuficientes para incendiar zonas céntricas, edificios gubernamentales, y enfrentarse a las fuerzas de seguridad. La gente estaba enojada por cuestiones acumuladas a lo largo del tiempo como la injusticia social, una dirigencia incapaz y corrupta, y la falta de acceso al poder político de las minorías.
La pandemia y las cuarentenas aplicadas recluyeron a los manifestantes a sus ámbitos privados abriendo un paréntesis en el clima de conflicto. La relajación de las restricciones a la circulación, sumado a que los factores que contribuían al citado malestar siguen presentes y las condiciones de vida empeoraron sustancialmente, no pueden sino augurar una nueva ola de protestas.
En este estadio surgen, al menos, dos cuestiones relevantes. La primera es que los Estados no tienen las capacidades suficientes para administrar el conflicto con más gasto público, reducción de impuestos y de tasa de interés. La pandemia está dejando exhaustas las arcas públicas y sin margen a los bancos centrales para políticas expansivas. Aún los países con mejor gestión macroeconómica se enfrentan a límites en el corto plazo que reducen sus posibilidades de mediación.
En segundo lugar, a pesar de que algunas de estas insurgencias, como las de Chile, no tienen tan claro ni sus liderazgos ni sus objetivos, finalmente se trasladan a la esfera política. En esa instancia se plantea el problema de la incorporación de las demandas sociales en la agenda pública que, en muchos países, tienen rezagos no triviales. En ciertos casos, porque sus dirigentes creían que podían realizarlo de manera progresiva y controlada; en otros, por mera miopía originada en su lejanía del resto de la sociedad.
Las cuestiones señaladas traen consigo dos lecturas. La primera es la falta de conciencia de parte de la dirigencia sobre los reclamos de la sociedad, así como de la velocidad y virulencia que estos podían tomar, lo cual ha revelado su desactualización y su ensimismamiento. La segunda, la dificultad que enfrentan aquellas que sí tienen una agenda actualizada, pero son aun políticamente marginales, o, como en la Argentina, porque tienen deudas políticas intolerables para una parte de la población o enfrentan restricciones económicas difíciles de gestionar.
Entonces, la pandemia transparenta el proceso de formación de una nueva sociedad en América Latina, la cual no cuenta actualmente con una dirigencia a la altura de las exigencias requeridas y que, además, deben gestionar acrecentados problemas económicos. Por ello, es altamente probable que la insatisfacción social y la violencia crezca a corto plazo, con diversas manifestaciones y altibajos.
La recuperación de la economía mundial, de los flujos financieros, y de la demanda y precios de los productos de exportación, podrían suavizar o retardar los conflictos. Sin embargo, la historia reciente indica que pocas veces han sido suficientes para resolverlos, ya sea porque fueron transitorios o por la mala gestión de los recursos obtenidos.
En conclusión, aquellas dirigencias que para resolver los desafíos surgidos de la pandemia apuestan a shocks externos positivos o a la mera pero insostenible convalidación de los reclamos sociales, ingresarán en un camino hacia profundas crisis de las que pocas veces surgen soluciones que armonicen, en plazos razonables, el bienestar de las mayorías y las libertades individuales.
El autor es Director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador (USAL)
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