Al retirarse del Grupo de Lima, el gobierno argentino termina de desenmascarar su verdadero rostro. Una nueva capitulación ante el chavismo motiva la decisión de la diplomacia Fernández-Kirchner-Solá de abandonar el grupo de países constituido con el propósito de encontrar una salida a la interminable crisis venezolana. Dentro y fuera de la Argentina ya es evidente que detrás de un discurso que pretende una política exterior moderada y pragmática, en los hechos se comprueba una adhesión cada vez más palpable a los postulados del Foro de San Pablo y al Grupo de Puebla.
El Grupo de Lima constituye un esfuerzo diplomático de los países democráticos de las Américas que busca una salida institucional ante la crisis catastrófica que enfrenta Venezuela de mano de la dictadura de Nicolás Maduro. La noticia fue confirmada en un comunicado de la Cancillería en el día de la fecha.
El hecho de que la decisión fuera anunciada un 24 de marzo, cuando se cumple un nuevo aniversario del último golpe militar en la Argentina, alimentó otras especulaciones. Aquellas que señalan que el gobierno argentino aplica un doble estándar en materia de Derechos Humanos. La gravísima situación de los Derechos Humanos en Venezuela fue analizada por el inobjetable informe del Alto Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presidido por la ex mandataria chilena Michelle Bachelet. Dicho reporte señaló gravísimas violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades de Caracas, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones por razones políticas, algo que el gobierno argentino parece desconocer o minimizar.
A su vez, el régimen de Maduro ha aumentado la represión interna a partir de la pandemia del COVID-19 aprovechando las medidas restrictivas de las libertades para ejercer un mayor control del país. Entre las graves violaciones de derechos humanos, el informe señala la constatación de torturas mediante “fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; tortura psicológica”. E indicó que “algunos de estos actos provocaron lesiones físicas graves y/o permanentes. Esto incluyó la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas, abortos, sangre en la orina y costillas rotas”.
Ante la violación sistemática de los Derechos Humanos en Venezuela el gobierno argentino ha optado por convalidar el accionar de la dictadura chavista en observación de una máxima que parece regir la política exterior de esta cuarta administración kirchnerista. Aquella que indica que la conducta internacional de la Argentina debe guiarse en función de preferencias personales y afinidades ideológicas olvidando el interés nacional.
Lejos de las posiciones moderadas y pretendidamente socialdemócratas de la campaña electoral, el presidente Fernández ha elegido colocarse a sí mismo en la posición de abogado de los regímenes no democráticos de la región ubicándose en posturas cada vez más próximas a las de Cuba, Nicaragua y Venezuela y cada vez más alejadas a las de nuestros socios del Mercosur y la mayoría de las capitales sudamericanas que mantienen su adhesión a la defensa de los ideales de libertad y democracia.
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