El opositor Juan Pablo Guanipa anunció que un tribunal venezolano ordenó el cierre de su causa por terrorismo

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa informó este lunes que un tribunal con competencia en terrorismo ordenó el cierre de la causa penal que pesaba en su contra, luego de que el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento del caso.

El ex diputado aseguró que recibió la notificación oficial durante el fin de semana y afirmó que el expediente en su contra evidenciaba la persecución política del chavismo.

Guanipa explicó que un alguacil del sistema judicial acudió a su residencia para entregarle el documento emitido por un tribunal de primera instancia especializado en terrorismo. En el texto, según relató el opositor, se le informó que el tribunal aceptó la solicitud presentada por la Fiscalía.

“Se declara con lugar la petición incoada por el Ministerio Público y se decreta el sobreseimiento de mi causa por extinción de la acción penal”, escribió Guanipa en un mensaje publicado en la red social X.

El dirigente político había sido acusado de varios delitos graves tras su detención en mayo de 2025. Entre los cargos que enfrentaba figuraban terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción a la justicia, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria.

El régimen chavista lo vinculó en su momento con un supuesto plan destinado a boicotear las elecciones regionales y legislativas que se celebraron ese mismo mes. Guanipa rechazó desde el inicio esas acusaciones y sostuvo que el proceso judicial no tenía sustento.

Tras conocer el cierre del caso, el opositor afirmó que el contenido del expediente demuestra que no existían pruebas en su contra. Según dijo, su defensa pudo revisar el material judicial una vez que logró designar formalmente a un abogado.

“Todo evidencia una vulgar persecución política. Ni siquiera se ocuparon de inventar hechos. No se describe qué hice, cuándo, cómo, dónde ni con quién”, afirmó Guanipa.

El opositor explicó que la semana pasada logró nombrar como su abogado defensor al jurista Joel García, lo que permitió finalmente acceder al expediente del proceso.

La causa judicial contra Guanipa había atravesado varios episodios durante los últimos meses. En febrero de este año, el dirigente recibió una notificación oficial en la que se le concedía libertad plena, después de que el Parlamento venezolano aprobara una ley de amnistía.

El ex diputado relató entonces que el 19 de febrero un comisario acudió a informarle que la medida estaba vinculada con la norma promovida por Delcy Rodríguez, quien ejerce como jefa del régimen chavista.

Sin embargo, días después surgieron versiones contradictorias dentro del propio oficialismo. El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, sostuvo públicamente que la liberación de Guanipa no era consecuencia directa de la ley de amnistía, sino una decisión política adoptada por la cúpula en el poder.

Antes de ese anuncio, el opositor había pasado por varias situaciones judiciales. A comienzos de febrero fue excarcelado durante unas horas, pero posteriormente volvió a ser detenido después de participar en una caravana organizada en apoyo a los presos políticos.

Posteriormente fue enviado a arresto domiciliario el 10 de febrero, una medida que se mantuvo hasta que recibió la notificación de libertad plena.

La ley de amnistía aprobada por el Parlamento venezolano establece un marco legal que abarca un período de 27 años, desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder— hasta febrero de 2026. No obstante, el texto especifica 13 episodios políticos concretos dentro de ese período, lo que significa que no todos los casos quedan cubiertos por la norma.

En paralelo, organizaciones de derechos humanos han reportado numerosas excarcelaciones de presos políticos.

La organización no gubernamental Foro Penal informó recientemente que al menos 670 personas han sido liberadas desde el 8 de enero, cuando el régimen anunció la excarcelación de un “número importante” de detenidos.

El director de la organización, Alfredo Romero, explicó que esa cifra incluye tanto liberaciones plenas como excarcelaciones en las que los detenidos continúan sometidos a procesos judiciales o medidas cautelares.

Según los datos más recientes del Foro Penal, hasta comienzos de semana había 526 presos políticos en Venezuela. El régimen venezolano rechaza esa denominación y sostiene que las personas detenidas enfrentan cargos por delitos comunes.

(Con información de EFE)