El empowerment de la sociedad organizada frente a la intervención del lobbying de los privados

“Un lobista tarda diez minutos en explicarme lo que a mis asesores les lleva tres días”, John F. Kennedy

Esta frase ilustra y desmitifica el lado oscuro de esta disciplina que traslada la imagen de matón verbal acosando a representantes y cargos políticos. Nada más lejos de la realidad.

Sin embargo, pocos términos suscitan tantos calificativos negativos como el concepto: ‘lobby’. Muchos vinculan la acción de los lobbies con prácticas corruptas; y si bien es cierto que en muchos casos sucede, no es verdad que lobby y corrupción vayan de la mano.

Gobernar mediante políticas públicas significa incorporar a la dirección la participación ciudadana respetando las diferencias de opiniones y contemplando las necesidades de todos los sectores sociales. En suma, serán objeto de admiración aquellos gobiernos que no intervengan dando soluciones homogéneas a los diversos interrogantes sociales. Sino por el contrario, aquellos que afronten los temas en concreto, diseñando opciones singulares ajustadas al espíritu de cada necesidad serán quienes animen el gobierno mediante políticas públicas.

Con el paso del tiempo, las prácticas de lobbying individuales y asiladas fueron perdiendo fuerza, abriendo camino a nuevas estrategias que involucran la intervención de otros “stakeholders” en su desarrollo. Así, en la medida en que los diversos públicos y organizaciones fueron adoptando una postura más cuestionadora y se fueron inmiscuyendo en los diversos asuntos político-económicos, se ha ido fortaleciendo la idea de que los intereses particulares de sectores o industrias requieren ser sostenidos por clusters.

El lobbying indirecto, tal como su denominación lo sugiere, implica un proceso comunicacional que debe recorrer un circuito más largo que el lobbying directo para llegar a su objetivo. Justamente, por tratarse de un proceso más extenso, se corre el riesgo de que el mensaje sea distorsionado en el camino y trae consigo el problema de los costos extraordinarios que acarrea este tipo de estrategia. Sin embargo, la credibilidad frente al cuerpo legislativo es altamente superior.

También conocido como outside lobbying, representa una viable y efectiva estrategia para muchos grupos de interés que procuran la intervención de los representantes del gobierno. Muestra de una forma dramática cómo los grupos de interés pueden instigar o facilitar una acción colectiva mediante la estrategia de outside lobbying.

Esta estrategia particular de lobbying presenta cuanto menos 3 jugadores: un emisor, un canal y un receptor. El emisor es la organización/ persona cuyos intereses se desea transmitir, es decir; la fuente. Este emisor o fuente, tendrá a su cargo delimitar la mejor estrategia persuasiva para el receptor, en nuestro caso: el cuerpo legislativo. El éxito del emisor dependerá en gran parte de la adecuada selección del canal.

Haciendo foco especialmente en este tercer jugador, en el “canal” de comunicación, se organizan y segmentan los jugadores. La participación de un público intermedio que abogue por intereses particulares y ejerza suficiente fuerza sobre el decition-maker, será el objetivo último. Se trata de: grupos sociales, o “grasroots”, medios de comunicación, comunidad organizada, ONGs, think tanks, falsa comunidad o “astroturf” y hasta las cámaras industriales y empresariales. Todos ellos toman especial relevancia al momento de intervenir en la negociación de una política sectorial.

La manera de agrupar y estandarizar las categorías de influencias directas e indirectas involucradas en el proceso legislativo de un país, muestra todas las aristas desde donde los legisladores se nutren de información para la toma de decisiones a la hora de gestionar y fomentar las disposiciones dentro de un sector industrial.

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