Los desafíos que enfrenta Guatemala

El 26 de noviembre del 2020, a solicitud del Gobierno de Guatemala, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dispuso el envío de una misión especial que tuve el honor y la responsabilidad de encabezar.

Entre los días 27 de noviembre y 2 de diciembre de 2020, tras una convocatoria amplia e inclusiva, tuvimos la oportunidad de dialogar con una multiplicidad de actores representativos del sector público, privado y de la sociedad civil de Guatemala. El proceso incluyó, entre otros, al Presidente Constitucional Alejandro Giammattei Falla, al Vicepresidente Guillermo Castillo, así como miembros del gabinete, legisladores y funcionarios del Poder Judicial, embajadores extranjeros, líderes sindicales, estudiantiles y religiosos, rectores de universidades, referentes de organizaciones no gubernamentales y empresarios.

Pudimos constatar que la manera en la que se trató la aprobación del presupuesto 2021 por el Congreso de la República fue lo que detonó las protestas sociales del 21 de noviembre de 2020. Pero también fuimos capaces de apreciar que existen múltiples reclamos e inquietudes de distintos sectores de la sociedad que van más allá de la situación coyuntural específica, y –en algunos casos— que anteceden al actual Gobierno.

De acuerdo al espíritu de la Carta Democrática Interamericana, pudimos recoger información sobre los aspectos adicionales que rodean la actual crisis política. Fuimos informados puntualmente sobre la manera en la que la pandemia del COVID-19 y los efectos de las tormentas tropicales Eta e Iota agravaron los problemas estructurales y las brechas de desigualdad en la sociedad guatemalteca.

Es importante poner de relieve una apreciación: la República de Guatemala cuenta con instituciones democráticas representativas, capaces de garantizar la estabilidad, la paz y el desarrollo de los guatemaltecos. Sin embargo, existe una preocupación común sobre algunos elementos que podrían vulnerar el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática del país.

¿Cuáles son algunas de las coincidencias y preocupaciones comunes entre la gran mayoría y sobre los cuales es necesario tomar medidas específicas? Además de la conformación del presupuesto 2021 y el procedimiento legislativo para su aprobación (el detonante de las movilizaciones), surgen a las claras temas como la percepción de corrupción, impunidad y falta de transparencia en los asuntos públicos.

Asimismo, sobresalen asuntos como la omisión legislativa en la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, la necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la Corte de Constitucionalidad, y la preocupación sobre los criterios de competencia de la misma.

Por otro lado, también emergieron temas como la falta de canales de comunicación adecuados entre las autoridades del Estado, la garantía del derecho a la protesta social, el uso de la fuerza pública en las manifestaciones y las presuntas agresiones contra personas y bienes públicos, y el conocimiento de los avances sobre las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público por dichos sucesos.

Finalmente, cabe mencionar la necesidad de contar con mecanismos permanentes de interlocución multisectorial.

En relación a cada uno de los puntos identificados, la Misión emitió una serie de recomendaciones que pretenden generar confianza y, a la vez, constituirse en un esfuerzo continuado de fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala.

De cara al futuro, y teniendo en cuenta que hacia fines del 2021 tendrá lugar en Guatemala la Asamblea General de la OEA, la Secretaría General de la organización continuará apoyando los esfuerzos del Gobierno hacia un diálogo inclusivo que facilite el entendimiento entre todos los sectores de la vida nacional.

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