La escuela tras la pandemia

El cierre de las instituciones modificó los cimientos de la escuela tradicional, basada fundamentalmente en la enseñanza presencial y remitió los procesos educativos, en los mejores casos, a clases remotas en los hogares con diversas herramientas virtuales. Al mismo tiempo, miles de estudiantes pasaron meses sin establecer un contacto habitual con sus maestros producto de las limitaciones en el acceso a la tecnología, a una conexión de internet adecuada, e incluso a tener que compartir los dispositivos en el núcleo familiar.

Para la Unesco el proceso de reapertura de las escuelas ofrece una oportunidad multisectorial única para los gobiernos y las comunidades educativas para reconstruir mejor, abordar las desigualdades y reforzar la capacidad de recuperación del sistema educativo. Las recomendaciones se basan en cuatro ejes principales: funcionamiento seguro de las escuelas, foco en los aprendizajes, bienestar y protección y llegar con la educación a los más vulnerables.

Existe consenso acerca de que el pasaje de esta situación de excepcionalidad a una nueva normalidad no será automático y exige interpelar, traducir los conocimientos que esta situación va a habilitar para poder planificar, diseñar nuevos enfoques pedagógicos y alternativas organizacionales en las escuelas.

Entre estos dos momentos, habrá otro de transición, caracterizado por la gradualidad del retorno a las escuelas y la intermitencia de la escolaridad, como observamos en la mayoría de los países y ya sucede en 9 Provincias del país.

Las condiciones de esa nueva presencialidad están directamente relacionadas a que las políticas públicas atiendan los nuevos desafíos y oportunidades que se presentan producto de la pandemia. Debemos partir de algunas certezas para orientar las responsabilidades políticas del Estado.

En principio, saber que la educación sola no puede responder a todas las necesidades y pérdidas que nos deja esta crisis, que es una condición necesaria pero no suficiente. Entre otras de las cuestiones que la pandemia mostró, es que el problema de la educación virtual no era solo la ausencia de competencia digital de algunos docentes y la falta de recursos tecnológicos o de conectividad de muchos alumnos, sino la carencia de un sistema con probadas competencias pedagógicas de la mayor parte de las plataformas digitales.

La propuesta de la CEPAL para asegurar una “canasta básica digital” (compuesta por computadora, teléfono inteligente, tablet y plan de internet) como un llamamiento a la inversión para los países en materia de educación y salud, se enmarca en el debate mundial sobre los derechos digitales como una cuarta generación de derechos humanos, y que hoy cobra plena vigencia.

La otra certeza es que la educación, fundamentalmente en los primeros años de la escolarización, es un proceso de socialización, es lo contrario del aislamiento, porque se basa en el encuentro entre educadores y estudiantes que transforman ese vínculo en un hecho único e intransferible. Un encuentro que se articula alrededor del conocimiento, que compromete lo intelectual, emocional y corporal, una vivencia singular, irreemplazable, centrada en el saber.

La pospandemia exige resituarnos, establecer nuevas prioridades, redistribuir recursos, y organizar otros ambientes de aprendizaje especialmente para garantizar las condiciones de igualdad que crea la educación presencial.

Es importante saber que nos enfrentamos a un ciclo escolar con pérdidas, y que la situación exige rastrear e identificar todas las falencias en los aprendizajes de las y los estudiantes para proponer mecanismos de recuperación de contenidos. Tener diagnósticos precisos es imprescindible para tomar decisiones que mitiguen las consecuencias de la pandemia especialmente en los impactos en los alumnos que pertenecen a los sectores más vulnerables. Para eso tenemos que abrirnos a generar nuevas realidades y hacerlo con una mirada reformista para que esta crisis se convierta en una oportunidad de generar una escuela distinta: transformadora, más democrática e inclusiva.

El autor es legislador de la Ciudad de Buenos Aires (UCR Evolución)