Desde el 20 de marzo jubilarse en nuestro país ha sido una verdadera odisea. Es prácticamente imposible lograr un turno para atención presencial, los trámites virtuales avanzan lentamente, con meses de demora sin respuesta en la mayoría de los casos, no es posible iniciar trámites jubilatorios de trabajadores insalubres con aportes, el inicio de los retiros por invalidez se habilitó hace apenas unas semanas y en el caso de los turnos reprogramados no se están reconociendo los retroactivos desde la fecha original como se reglamentó.
El resultado de esta cadena de impedimentos se refleja en las altas de nuevas jubilaciones. En los últimos 3 años se inició un promedio de 239.017 jubilaciones anuales. Según el último informe de la Secretaría de Seguridad Social en 2020 se han dado de alta apenas 79.086 jubilaciones. Al ritmo actual, se proyecta concluir el año con solo 110.604 beneficios jubilatorios nuevos.
Considerando que en 2020 se habrán acordado favorablemente unas 128.413 jubilaciones menos y que el haber promedio es de $28.273, los doce haberes mensuales y el aguinaldo que el Estado dejó de pagar generaría al Estado un ahorro de aproximadamente $47.198 millones. Esto sin contemplar la caída en el otorgamiento de otro tipo de beneficios como pensiones por fallecimiento, PUAM y retiros por invalidez.
La mayor preocupación radica en que no se ve a corto plazo la posibilidad de que ANSES regularice el nivel de atención y resolución de casos. Un alto porcentaje de empleados se encuentran de licencia por ser personal de riesgo o tener un familiar en dicha situación. El organismo no se encuentra preparado para funcionar masivamente de manera virtual. La enormidad de trámites que gestiona la ANSES, su extensa cobertura territorial, así como el complejo entramado sindical generan serias dificultades para pensar que en los próximos meses la situación pueda normalizarse.
A quienes trabajamos en previsión social nos genera una honda preocupación la ausencia de soluciones más inmediatas, considerando especialmente que se trata de prestaciones de carácter alimentario. Requieren atención prioritaria casos de extrema urgencia en los que la falta de ingresos pone en serio riesgo de supervivencia al beneficiario y a su grupo familiar.
Otra cuestión que también deberá abordarse el próximo año tendrá que ser la ampliación de las moratorias previsionales. La alta informalidad laboral es el principal motivo por el cual se ha permitido la “adquisición” de aportes a través de moratorias. En términos históricos solo seis de cada diez trabajadores lo hacen en regla. La respuesta que brinda el Estado a esta problemática es la posibilidad de adquirir los aportes faltantes a través de una moratoria, que abona el futuro jubilado en cuotas a deducirse de la propia jubilación. Las estadísticas indican que 6 de cada 10 personas utiliza la moratoria en alguna proporción para poder jubilarse.
La desactualización de las moratorias genera una merma en la tasa de cobertura. En 2015 el 88% de las jubilaciones incluían moratoria en alguna proporción. En 2020 esa tasa se redujo al 64%. Es necesario que el Congreso extienda los períodos de las moratorias para poder regularizar servicios al menos hasta 2008, esta vez alcanzando tanto a hombres como a mujeres por igual. Contar con un trabajo formal en los últimos años de la vida laboral puede resultar dificultoso, más aún considerando los vaivenes económicos que generan inestabilidad permanente en el sector productivo.
El próximo año también deberá el Congreso dictar una nueva ley de movilidad, debido a la suspensión durante 2020 de la que se encontraba vigente. Dicha suspensión generó una pérdida para los jubilados que van de entre mil y dieciocho mil pesos mensuales, según la escala de haberes. A todas luces, este año, además de ser recordado como el año de la pandemia, será recordado como uno de los años con mayor ajuste para los adultos mayores.
La autora es abogada especializada en previsión social
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