Cómo funciona hoy el Ministerio Público Fiscal

En los últimos meses, desde ciertos sectores del oficialismo se han levantado algunas voces que, con intereses creados, esbozan críticas a la gestión del procurador general interino Eduardo Casal al frente del Ministerio Público Fiscal. Algunas de ellas han llegado al exabrupto de afirmar que ese organismo, de suma importancia en el entramado institucional de la república, atraviesa su peor momento. Esas criticas, por cierto infundadas, soslayan distintos aspectos que creo deben ser puestos en consideración de la gente.

El doctor Casal se hizo cargo transitoriamente del organismo a partir de noviembre de 2017, primero por licencia y luego por renuncia de su entonces titular, doctora Alejandra Magdalena Gils Carbó. Asumió la responsabilidad de la conducción interina del Ministerio Público Fiscal, no por voluntad de sector político alguno, cuestión que afianza su absoluta imparcialidad, sino que porque así lo prevé el mecanismo institucional de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La ley dispone desde antaño que es el magistrado con más alto rango dentro de su estructura interna, Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con mayor antigüedad quien debe hacerse cargo de esa responsabilidad.

Casal reúne esa condición en la medida que hace 28 años ocupa ese cargo. Tiene más de 40 años de desempeño intachable en la Justicia y se lo conoce por su capacidad, sobriedad, prudencia, apego a las leyes y reglamentos y, sobre todo, por su bajo perfil que escapa a la confrontación. Tal vez aquí se encuentre su mayor “pecado”: su carrera se ha basado en el mérito y la dedicación al trabajo bajo esas premisas.

Pero claro, ocurre que la política no ha logrado transitar un acuerdo institucional para designar un titular de la Procuración en tres años, por lo que mentiras y ataques que, sólo dañan a la institución a la que se dice quiere resguardar, pareciera ser el camino elegido por algunos operadores políticos para cambiar su figura intachable. En realidad, el camino del acuerdo político en su sucesor es el único que generará la confianza institucional que el cargo requiere.

El principal argumento para criticar su gestión -repetido hasta el hartazgo por todas las vías posibles-, se apoya en el trámite de las actuaciones relativas a la situación del fiscal Stornelli -en realidad, a que no dispuso su “ejecución”-. Se hace referencia permanente a ese caso, pero no se habla de otros fiscales que han estado el triple del tiempo en rebeldía en otra gestión de la Procuración, sin que ninguna medida se tomara al respecto. A Stornelli, en cambio, se le inició un proceso disciplinario por ese motivo y pese a haber cesado su rebeldía durante su trámite, igual se lo sancionó.

En esa lógica, se habla también de la “persecución a la doctora Boquín” que “se ha ganado el decoroso privilegio de incomodar al ex presidente” (textual). Y me pregunto: ¿ese es el mérito de la doctora Boquín? La magistrada debería sentirse ofendida.

Ese “mérito”, ¿es el que puede permitir una inacción frente a la denuncia de malos tratos de varios de empleados respecto del que, además, cinco fiscales generales recomendaron la apertura del sumario que ahora se tacha de persecución? Sólo se ha abierto una investigación con todas las garantías. No se ha perseguido ni sancionado a nadie, y menos por su desempeño en el expediente del ámbito comercial al que se hace referencia.

Si los méritos se miden por incomodar a los ex presidentes, ¿Stornelli no tendría el mismo mérito? Y vaya que incomodó.

El problema es que el buen desempeño de un fiscal y sus méritos radican en actuar de manera objetiva, promoviendo la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Como manda la Constitución Nacional.

Hay senadores que no piensan así. Y que cada vez que pueden ofenden a la figura institucional del Procurador. Solamente con una distorsión tal se puede entender que descalifique al doctor Casal por cumplir con una función que le encomienda la ley, después de muchos años de trayectoria y respeto.

Esa distorsión lleva a ignorar otra manda de nuestra Ley de Leyes (y van…): que el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente con autonomía funcional. Ahora, ¿es correcto pretender que la Comisión Bicameral de Seguimiento y Monitoreo modifique su reglamento para permitir incidencia en su actuación? Esta ha sido la última “amenaza” que, junto con la posibilidad de alterar la mayoría prevista para designar el Procurador y la pretendida injerencia en las mayorías del Tribunal de Enjuiciamiento, es utilizada, una vez más, para lograr lo que la política de buenas artes hasta ahora no ha podido.

Parecería que el desprestigio no está en la Procuración sino en las acciones que se han tomado para tratar de desprestigiarla. Se ha llegado al extremo de citar a la Comisión Bicameral que preside el senador Claudio Doñate, quien a la vez es uno de los senadores que más ofende la figura institucional del Procurador, a una persona procesada por trata de personas a declarar contra supuestos movimientos que habría hecho Casal pero que finalmente no los había hecho él sino su antecesora. No le dio resultado la estrategia.

Lo denunciaron múltiples asociaciones con un texto calcado por la creación de una estructura que motivó un expreso reconocimiento de la ONU y varias cosas más que no vale la pena detallar para no hacer más leña del árbol caído.

También, en esa línea, a quien dirige la Bicameral, le resulta admirable la postura de un juez de la Corte Suprema de Santa Fe que rechazó compartir un jurado con Stornelli (allí está por sorteo público como octavo suplente). Sin dudas, adoptará el mismo reclamo mediático cuando profundice su conocimientos del Ministerio Público y advierta que en una situación similar hay un integrante titular de otro tribunal evaluador. Si vemos la cantidad de actuales miembros de los Poderes del Estado nacional y provincial que tienen idéntica situación procesal, tal vez el razonamiento no debería transitar por el camino que se declama sino por el respeto al principio de inocencia. Lamentablemente a veces depende de a quién sea aplicable, puede funcionar o no bajo el velo del lawfare.

Casal, funcionario de carrera intachable, puesto por la ley a cargo del Ministerio Público Fiscal, se ha ocupado en este tiempo, en silencio, sin buscar rédito político alguno, con austeridad, transparencia y sin desconocer los logros de gestiones anteriores, de modernizar al organismo, atender a las víctimas de delitos, combatir el narcotráfico, reforzar la actuación en materia de género, trata de personas, criminalidad económica y derechos humanos, y capacitar a sus integrantes en base a las necesidades funcionales, implementando los cursos relativos a la “Ley Micaela”. También logró, después de varios años, la firma del acuerdo con el Ministerio Público de Brasil para conseguir las pruebas de Odebrecht. Todo eso es un mérito, y como tal, merece ser respetado.

Su gestión ha obtenido además un reconocimiento en la evaluación de la OCDE respecto de la independencia del Ministerio Público Fiscal que había sido cuestionada por ese mismo organismo en 2017. También logró la certificación de calidad de las normas ISO 9001 por primera vez en la historia del Ministerio Público Fiscal. Tampoco es un dato menor que los Ministerios Públicos de la región y el de España le han dado expresamente su apoyo.

Lo más grave de toda esta situación es que si el Ministerio Público Fiscal atraviesa una etapa oscura, no lo es por responsabilidad de quien eventualmente está a su cargo, sino porque justamente los esfuerzos para reemplazarlo -el único objetivo de todo este montaje es apropiarse de su conducción- están afectando en forma seria y tal vez irreparable la autonomía del Poder del Estado al cual la Constitución encomienda la defensa de la legalidad.

La autora es senadora nacional