¿Adicción al poder o fanatismo republicano?

Estamos, sin lugar a dudas, frente al Gobierno constitucional que más poder ha concentrado en la historia argentina

Cristina Kirchner y Alberto Fernández (Juan Mabromata/Pool via AP)
Cristina Kirchner y Alberto Fernández (Juan Mabromata/Pool via AP)

En la campaña electoral, el Presidente aseguraba que venía a poner de pie a la Argentina, pero gobernando se esfuerza en hacerle zancadillas al país. Nunca antes ha habido un Gobierno con tanto poder con un Presidente tan devaluado en su autoridad. Ya es inocultable lo que muchos sabíamos: que el verdadero poder reside en quien lo eligió como candidato, que las decisiones más importantes y estratégicas se toman en el despacho de la actual vicepresidenta, en el Instituto Patria y no en Balcarce 50. Un Presidente que se comporta como Jefe de Gabinete y, por ello, nunca sus palabras o anuncios son definitivos, sino que requieren la aprobación de una instancia superior que los valide.

Estamos, sin lugar a dudas, frente al Gobierno constitucional que más poder ha concentrado en la historia argentina. Repasemos, allá por diciembre y recién asumido declaró la emergencia en nueve áreas de Gobierno, desplazando al Congreso, asumiendo facultades que le son propias y levantando controles para efectuar contrataciones con la excusa de la emergencia.

Retiró el proyecto de presupuesto 2020 que había presentado la gestión anterior y se negó a enviar uno propio que definiera las prioridades del gobierno y permitiera un control presupuestario del gasto público. Pero además restableció los “superpoderes” en manos del jefe de Gabinete, que le permiten hacer transferencias de partidas y reestructurar el 100% del presupuesto a sola firma y sin pasar por el Congreso de la Nación.

Con la excusa de la pandemia, la voracidad por concentrar y acumular poder se potenció, ya que no solo ocupó el centro del ring, sino desplazó al Congreso de la Nación, a partir del dictado de decenas de Decretos de Necesidad y Urgencia, justificados los primeros días de la llegada del COVID-19, pero inconstitucionales encontrándose el Congreso sesionando.

Así fue como restringió libertades individuales amparadas por la Constitución mediante Decretos de Necesidad y Urgencia, el derecho a entrar a entrar, permanecer y salir del territorio, el de enseñar y aprender, el de circular libremente entre provincias, el de trabajar y ejercer industrias lícitas, por citar algunos de los derechos que han sido lesionados o amenazados con la excusa de la pandemia y por sola decisión del Poder Ejecutivo.

Pero además avanzó sobre las provincias, que producto de la cuarentena vieron desplomarse sus recaudaciones y quedaron a merced de las dádivas del gobierno nacional. Del federalismo de concertación a un federalismo de discriminación, donde se ayuda en mayor medida a las provincias gobernadas por el oficialismo y se relega y posterga a las gobernadas por la oposición en el reparto de fondos. “Todos juntos” decía el Gobierno que íbamos a ganarle al coronavirus, lo que no dijo es que no lo íbamos a hacer con los mismos recursos disponibles, que a provincias con menos contagios, menos población y territorio les iban a girar dos o tres veces más recursos por su sola condición de oficialista.

Con un país paralizado y en medio de la cuarentena más larga e ineficiente del mundo, que ha asfixiado y comprometido severamente a todo el sector productivo, el Gobierno mediante su política de ayuda a trabajadores y empresas, las denominadas ATP, decide arbitrariamente a quiénes salva y a quiénes deja caer, ya que las ayudas alcanzan a poco más que el tercio del sector asalariado privado del país. Nuevamente el Gobierno subiendo o bajando el pulgar para decidir la supervivencia o no de empresas, que se han visto afectadas por su propia improvisación y falta de planificación en el manejo de la pandemia.

Allí no acaban las desinteligencias y arbitrariedades del Gobierno, en plena cuarentena decidió la intervención y expropiación de una empresa centenaria; dictó un DNU de telecomunicaciones que alienta la desinversión en un sector que nos inserta en el mundo o nos hace caer de él; generaron un doble cepo con una devaluación encubierta del 65% afectando a miles de emprendedores que habían migrado a plataformas digitales para realizar sus ventas por los efectos de la cuarentena y el aislamiento; Inexplicablemente, suspendieron la ley de economía del conocimiento, donde recién después de meses fue tratada por el Senado, que hizo modificaciones que nada mejoran las perspectivas de las industrias del conocimiento, uno de los sectores más dinámicos y que más puestos de trabajo registrado de calidad genera. Y por si fuera poco, regularon el teletrabajo con la anuencia sindical, al punto de asfixiarlo en cuanto entre en vigencia post pandemia.

No es la pandemia, ni siquiera la cuarentena sino la discrecionalidad, la falta de reglas de juego claras, la ausencia de perspectivas a futuro y los constantes embates al Poder Judicial, lo que hacen que las empresas bajen sus persianas, busquen emigrar del país o muden sus bases operacionales. En momentos donde el Gobierno debería sobreactuar los modos, respetar la ley y la Constitución, manifestar moderación política, en lugar de ello, muestra toda su voracidad y desmesura por el poder.

Nunca antes, en momentos de crisis, hubo un divorcio tan grande entre la agenda de los argentinos y sus necesidades reales, con la agenda de un Gobierno ensimismado en su plan de impunidad y sometimiento a la Justicia. El resultado, más pobreza, más desempleo, miles de pymes contra las cuerdas, con récord de días de cuarentena, contagios y muertes. Entre la salud y la economía, el Gobierno eligió el camino de la impunidad.

El plan de impunidad del Gobierno no descansa ni se toma respiros, avanza a la carrera comprometiendo la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. No sólo buscan designar 23 jueces por la ventana, sino que el plan incluye modificar el Consejo de la Magistratura, perseguir a jueces y fiscales que no se alineen y modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia. En medio de un hostigamiento permanente, mediante amenazas de juicio político a quien de manera independiente amague en fallar en su contra.

El Presidente dice que hay un país por construir, pero parece que para hacerlo quiere demolerlo primero, sin reparar en que el valor de las Instituciones está dado por su estabilidad en el tiempo, que trasciende a las personas y los Gobiernos, e impide los abusos de estos. El mejor remedio a la adicción al poder es el fanatismo republicano. Cuando la República se encuentra sitiada y sus instituciones asediadas, su defensa es un imperativo moral: ¡no pasarán!

El autor es diputado nacional (UCR)

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