La semana que culmina se caracterizó por el absurdo. Desde un ex presidente anunciando un golpe de Estado (para luego arrepentirse y alegar una dolencia psíquica transitoria), pasando por una alta funcionaria del Ministerio de Salud de la Nación recomendando no reír, no cantar y no gritar en lugares cerrados, hasta la denuncia penal efectuada por el Ministerio de Seguridad a los organizadores de una movilización en contra de las tomas de tierras en Villa Mascardi.
No es necesario ser zahorí para darse cuenta de la situación de crispación en la que se encuentra el pueblo argentino. Sería sobreabundante enumerar los múltiples efectos negativos que está causando la cuarentena que se renueva -sin solución de continuidad- cada mes.
El aumento de la criminalidad, el incremento de la violencia en las distintas formas de comisión criminal, las protestas a lo largo y a lo ancho del país, etcétera, ilustran dramáticamente una realidad que, un año atrás, sólo podía ser imaginada por un escritor de ficción.
La toma ilegal de tierras, en forma masiva y organizada, no faltó a la cita en esta “nueva anormalidad” en la que estamos inmersos. Los conflictos sobre la posesión de tierras en el sur argentino no son nuevos. Tampoco la falta de soluciones por parte del Estado.
En esa inteligencia, el respeto a las tradiciones y reclamos de los denominados “pueblos originarios” no pueden transitar la violación de las normas legales vigentes en la República. No pueden admitirse reclamos por la fuerza absolutamente a nadie. Toda pretensión debe canalizarse a través de la instituciones del Estado. Sin cortapisas. Sin excepciones.
Todo individuo o grupo de individuos que se considere con mejor derecho a otro u otros sobre una propiedad deberá concurrir a un juez para que dirima el conflicto. Es simple. El uso de la fuerza para hacer valer los derechos en litigio está penado por la ley. También es simple.
Independientemente de las cuestiones que deban dirimir los magistrados en los casos concretos, no existen “naciones” o “territorios” distintos a la República Argentina dentro de sus límites legales y establecidos. No existe un sólo centímetro cuadrado de toda nuestra vasta superficie que “no tenga dueño”. O son parcelas privadas o son parcelas pertenecientes al Estado, destinados al uso común.
La toma violenta de tierras por parte de grupos de individuos que alegan “propiedad ancestral” viola la ley vigente; dicha conducta debe ser sancionada penalmente.
Frente a la indefinición estatal en este entuerto, la ciudadanía se expresa constantemente. Mucho más, los directamente afectados. No pueden permitirse los hechos violentos ni la instigación a cometerlos, claro. Pero denunciar a quienes reclaman por una solución legal pronta y contundente al litigio es echar nafta al fuego.
Ojalá vuelva rápidamente la cordura. No sumemos más problemas. Tenemos demasiados en este absurdo 2020.
El autor es fiscal del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires
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