Ley de Teletrabajo: ¿avance o retroceso?

La sanción de la Ley de Teletrabajo, una ley controvertida tanto por su contenido como por la forma en que fue tratada, trae la necesidad de analizar con detenimiento cuáles son sus pros y sus contras y, especialmente, si alienta el teletrabajo post-pandemia o, por el contrario, lo limita.

La implementación del teletrabajo se aceleró a causa del aislamiento social preventivo y obligatorio frente a la pandemia de coronavirus. Si bien esta modalidad de trabajo se utiliza desde hace más de una década en el país, la masificación de la actividad dejó expuestos algunos interrogantes y vacíos legales que el Congreso intentó saldar.

Sin embargo, se trata de una ley rígida y anclada al pasado del trabajo, en la que no se dio lugar al debate necesario ni se consideraron las modificaciones propuestas por todos los sectores involucrados.

¿Por qué es necesaria una regulación?

El teletrabajo tomó a muchos por sorpresa y obligó a las empresas a reorganizarse de forma inesperada y con recursos reducidos. Esta situación dio como resultado la necesidad de establecer ciertas normas, ya que algunas reglas del home office no estaban del todo claras. Pero ¿quién establece las normas?

Esta pregunta abrió debates en la sociedad, ya que algunos puntos de la nueva Ley resultan como mínimo, algo controversiales. La provisión del equipamiento e insumos de trabajo, por ejemplo, que dependerán del empleador, así como los costos de instalación, mantenimiento y reparación de los mismos, deja abierto un abanico de posibilidades y situaciones impredecibles que pueden aparecer. Además, parte de los gastos de conectividad y servicios que utiliza el empleado para trabajar desde su hogar también deberán costeados por la empresa.

Un punto importante es el que refiere al “derecho a la desconexión”, que implica el cumplimiento de una jornada laboral pactada previamente y la imposibilidad, para el empleador, de requerir tareas fuera de dicho horario y durante los períodos de licencia. El problema es que tampoco podrá comunicarse, ni mandar un mail aunque este no exija una respuesta inmediata.

Una ley que no contempla todas las realidades

Por supuesto, no todos están conformes. La relación laboral implica actores diversos y no todas las empresas tienen la misma dimensión ni las mismas posibilidades.

Uno de los puntos más criticados tiene que ver con que, según la Ley, el cambio de trabajo presencial a teletrabajo deberá ser bajo la voluntad del empleado (salvo en casos de fuerza mayor). Esto atenta contra la potestad de la empresa de decidir y dirigir su organización y funcionamiento.

Por otro lado, este cambio de modalidad podría ser revocado en cualquier momento de la relación laboral. Una cuestión al menos confusa: ¿acaso las empresas deben disponer de espacios físicos por si los trabajadores deciden volver a trabajar presencialmente? ¿Qué pasará con las pequeñas empresas que, al estar recién comenzando, trabajan en espacios reducidos o en oficinas compartidas?

Estos puntos, parte de una norma que intenta de forma forzada hacer que esta modalidad de trabajo “encaje” en los parámetros laborales tradicionales, ponen en duda la continuidad del teletrabajo post-pandemia e, incluso, la contratación de nuevos teletrabajadores en momentos tan adversos.

Entonces, ¿nos conviene seguir teletrabajando o no?

Como toda Ley, quedará sujeta a su reglamentación por parte de los organismos ejecutivos y a las posibilidades reales de implementación.

Muchos trabajadores refieren estar conformes con esta forma de trabajar: según una encuesta realizada por la Universidad Abierta Interamericana (UAI), el 63,7% de las personas que comenzaron a realizarlo durante la cuarentena afirman que se trata de una experiencia tan buena como imaginaban.

Lo cierto es que el teletrabajo hoy ha evolucionado hacia una forma de trabajo mucho más flexible, hiperconectada e inmediata, que se mide por resultados y requiere marcos legales modernos e innovadores. Una evolución que, de alguna forma, ya veía ocurriendo antes de que el Estado intentara legislarla.

El autor es el CEO y fundador de Fichap, start up de gestión de recursos humanos