Seis propuestas para mejorar la justicia penal

Dr. Alberto Fernández, de mi consideración:

Soy un simple fiscal de instrucción provincial. Es decir, estoy muy lejos de los avatares y entretelones político-judiciales de los tribunales de Comodoro Py y zonas de influencia.

Sin embargo, integro uno de los tres poderes de la república y me siento absolutamente responsable de las falencias de las que adolecen tanto la administración de justicia como el Ministerio Público y de las deficientes respuestas que le brindamos a la comunidad.

Por dichas razones, señor presidente, no haré defensas corporativas de la institución a la que pertenezco y a la que he dedicado mis esfuerzos durante la mayor parte de mi vida, con orgullo y con pasión.

Usted ha decidido enviar al Congreso nacional una reforma judicial que ha causado estrépito público. Ha generado desconfianzas y suspicacias. Ha motivado gigantescas movilizaciones de repudio a lo ancho y a lo largo del país...

Seguramente, no ha sido su intención que se produjeran semejantes efectos negativos. Pero así fue.

Señor presidente, hay tanto por hacer en materia judicial que la ciudadanía espera ansiosa las iniciativas gubernamentales en tal sentido.

Lograría usted un nivel de aceptación casi absoluto si las reformas que se propusieran no tuviesen ese halo de sospechas que se generan cuando los proyectos se quieren imponer “a como dé lugar”...

Humildemente y con absoluto respeto a su investidura, le acerco algunos de los tantos temas pendientes en el sistema de justicia penal de la República Argentina.

Es sólo una muestra, claro. El equipo de notables juristas que lo asesora podrá sumarle muchos más.

1) Instauración del sistema acusatorio y del juicio por jurados en todos los Códigos Procesales Penales del país (requiere acuerdos y consensos con los gobernadores y legislaturas provinciales).

2) Revisión y/o modificación del sistema recursivo en los procesos penales, para evitar la multiplicidad de instancias y que las causas duren décadas, como así también de los plazos procesales en las instancias superiores (también requiere acuerdos y consensos con las provincias).

3) Revisión y/o modificación de los Códigos de Ejecución Penal, a fin de unificar criterios en el cumplimiento de la pena y en la concesión y/o negación de libertades anticipadas (también requiere acuerdos y consensos con las provincias).

4) Profundización de la digitalización de expedientes en todo el sistema penal, incluyendo la documentación que se genera en las instituciones auxiliares del Poder Judicial y del Ministerio Público (Policías, fuerzas de seguridad, cuerpos periciales, etcétera).

5) Adopción plena de la firma digital para todos los operadores del sistema penal, incluyendo abogados particulares y peritos de parte, propiciando el teletrabajo y la consulta remota de expedientes.

6) Adaptación de los espacios laborales de las distintas sedes tribunalicias y del Ministerio Público para los desafíos post-pandemia (distanciamiento social, telones o mamparas sintéticas, provisión de elementos de protección sanitaria descartable, nuevas normas de limpieza).

Como verá, señor presidente, con un poco de imaginación, con mucho menos dinero e intentando acuerdos y consensos entre las distintas fuerzas políticas; con opiniones consultivas a juristas, magistrados, académicos, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, etcétera, los argentinos nos hubiésemos evitado todos estos días de disgusto en una de las épocas más difíciles de nuestra historia.

Vale la pena, señor presidente, revisar nuestras decisiones cuando somos advertidos por gran parte de la comunidad, única destinataria de nuestros aciertos y desatinos.

Lo saludo con mi consideración más distinguida.

El autor es fiscal del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires