La moratoria de los Fernández

Estoy preocupado. Mientras escribo estas líneas me pregunto una y otra vez hacia adónde vamos. Si tuviera al Presidente a mi lado, al menos unos minutos, le preguntaría hacia adónde quiere dirigir el barco de la Argentina.

Llevamos la cuarentena más larga del mundo. Por más de 120 días nos dijeron que hablar de otra cosa que no fuera la defensa de la vida, era ser apologistas de la muerte. Ni siquiera se podía mencionar si estábamos angustiados. Eso ya pertenecía a la categoría del periodismo golpista.

Incluso hace unos días subieron un video institucional a las redes oficiales en el que buscan inocular pánico a la sociedad al referirse a la muerte.

Ahora resulta que, mientras tenemos más de cien muertos por día, cierran centenas de pymes y quedan sin trabajo miles de compatriotas, la tapa de los diarios la ocupan los variados titulares que se refieren a la pomposa reforma judicial.

Estos antecedentes que tornan absurdo el momento y la forma -dos características que en política hacen al fondo- serían suficientes para que nos demos cuenta del objetivo que persiguen, pero, como si esto fuera poco, tenemos además un Presidente de palabras más devaluadas que el peso. Alberto Fernández se encargó de pedir que lo juzgaran por sus actos, no por sus dichos. Lo que no está claro es si hay que juzgarlo por la expropiación de Vicentin, o por su marcha atrás. O por reimpulsar su expropiación. Lo mismo ocurrió cuando desancló su posición con respecto al Memorándum con Irán: pasó de considerarlo un acto de impunidad por parte del Estado, a convalidar el contubernio.

Sus idas y vueltas no terminaron allí. Luego le tocó el turno a la economía, y pasó de tener grandes planes que no podían ponerse sobre la mesa, a sugerir que no necesitaba ni creía en los planes económicos. Lo hizo frente al mercado internacional, como para que no quedaran dudas.

Y ahora viene a traer un proyecto para mentar los miembros de la Corte Suprema de Justicia mientras circula un video en el que el Presidente aseguraba rotundamente que la Corte con cinco miembros no debía ser modificada.

Podría seguir con la posición sobre Venezuela, lo que piensa acerca de los empresarios, la inseguridad y sus ministros, pero no nos desviemos.

El viernes se trató en el recinto el proyecto de Ley de moratoria. El artículo 11 consagra la impunidad de Oil combustibles, permitiendo financiar las deudas de las empresas quebradas sin solución de continuidad en sus actividades y retirar los activos. Para ser más claro: el mensaje a la sociedad es que no solo robar es legal, sino que, además, cuando se hace desde el Estado, es un proyecto político.

Podrán buscar nombres grandilocuentes para vender a este proyecto, pero el único que le cuadra es redefinir el idioma cívico que ya en nuestro país se encamina hacia los 40 años de democracia de manera ininterrumpida.

El verdadero propósito de este proyecto es cambiar ese idioma, a partir de ahora pretenderán llamar al robo vaya a saber con qué otro nombre extravagante.

Estará en la gran mayoría de la sociedad argentina seguir defendiendo los valores que nos dan entidad como república y sobre los que tan orgullosos nos sentimos.