La soberanía alimentaria le queda grande al kirchnerismo

En la conferencia de prensa de la semana pasada, el gobierno nacional presentó el rescate de Vicentin, cuyo proyecto de ley aún no ha enviado al Congreso, asociado al objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria. El debate que se ha abierto en torno al tema es ilustrativo porque pone de manifiesto los intereses sociales que defienden los diferentes bloques políticos.

El ex presidente Mauricio Macri, Elisa Carrió y los sectores que se inscriben en este espacio político sostienen que, dado que la producción de alimentos en el país es casi diez veces superior a su cantidad de habitantes, en Argentina ya se habría alcanzado la soberanía alimentaria. La argumentación es una falacia, porque elude el problema fundamental: el hecho de que Argentina produce diez veces los alimentos que necesita su población pero eso no impide que crezca tanto la pobreza como de la indigencia. Macri dejó un país con el 60% de menores de 12 años pobres, según lo indica la última encuesta de la UCA. También crece el sector de la población que no accede a la alimentación básica.

La pobreza ha alcanzado estos índices, producto de que ha crecido no solo entre la población trabajadora que se encuentra desocupada o suspendida de sus tareas, sino que también lo ha hecho entre millones de trabajadores en actividad, que fueron condenados a ser pobres porque los salarios han perdido capacidad adquisitiva de manera imparable en relación con la inflación. Vale especialmente para los trabajadores no registrados pero también para quienes están amparados bajo los convenios colectivos, pero que tuvieron paritarias que terminaron en general por debajo del índice de inflación, que es más alto que el promedio cuando se mire solo la canasta alimentaria. En alimentos concentran la mayor parte de sus gastos los trabajadores formales y, sobretodo, los informales. Son bienes de los que la población no puede prescindir, por lo que los empresarios pueden subir sus precios sin que la caída de la demanda baje de manera proporcional. Ahora bien, la inflación de los alimentos producidos en Argentina que consumen quienes viven aquí responde, más que nada, a que se exportan a precio de dólar. En consecuencia, la Argentina tiene alimentos en dólares y salarios devaluados en pesos. Esta contradicción es la fuente principal de creación de pobreza en el país.

La soberanía alimentaria, por lo tanto, no existe para una parte enorme de la población a pesar de que la producción de alimentos alcance para satisfacer largamente sus necesidades alimenticias. Para superar esta contradicción, es necesario proceder a la nacionalización del comercio exterior, como parte de un plan económico y político de los trabajadores. Esta nacionalización permitiría que el Estado adquiera la producción agropecuaria y de alimentos y asegure un precio interno basado en los costos de producción y un precio externo establecido por el mercado mundial. Se abaratarían los alimentos dentro del país, el Estado captaría la renta agraria y esos recursos se colocarían en función de un plan de desarrollo e industrialización nacional, privilegiando la transferencia tecnología al país.

Para que la expropiación de Vicentin garantizara la soberanía alimentaria debería formar parte de un plan que incluyera la nacionalización del comercio exterior, la gran propiedad agraria y sus procesos de industrialización. El rescate de Vicentin que promueve el gobierno de los Fernández ni se acerca a este objetivo, como han aclarado sus principales figuras, incluido el propio Presidente. Que el modelo citado para la nueva empresa sea YPF así lo testimonia. YPF es una Sociedad Anónima, que cotiza en la bolsa de Nueva York y funciona como una empresa privada; lejos de la soberanía ha sido un canal para los acuerdos con los monopolios extranjeros, empezando por el nefasto acuerdo YPF-Chevrón firmado por Cristina Kirchner y Axel Kicillof durante el segundo mandato de la ex presidenta. Como cualquier otra empresa, presiona por tarifazos en las naftas, que pagamos los usuarios y que, además, luego se trasladan a los alimentos.

Por otra parte, Vicentin no sería dueña de las materias primas. Las tendría que comprar a los productores, a quienes les debe aproximadamente 300 millones de dólares. La posibilidad de que los productores dejen de ser “rehenes” de las cerealeras con Vicentin como empresa testigo es irreal. En el precio de la soja y de sus derivados, determinado por el mercado mundial, intervienen diferentes factores, entre ellos la especulación financiera. Si Vicentin paga más cara la materia prima que el resto de las cerealeras, tendríamos una caída de su ganancia. Además, aumentar el precio de compra de materia prima a los productores locales llevaría a un aumento de los alimentos dentro del país.

La expropiación aislada de Vicentin en los términos planteados por el Gobierno no garantizará la soberanía alimentaria. Será un rescate a los acreedores y una indemnización a los accionistas aportados por el pueblo argentino mediante nuevas confiscaciones. Otra vez, la historia de YPF que costó USD 10.000 millones, a pesar que en su momento Axel Kicillof había prometido que no pagaría un dólar y que sería Repsol la que debería pagarle a la Argentina. Para que Vicentin aporte a lograr la soberanía alimentaria hay que impulsar un plan que forme parte de una reorganización social integral del conjunto de la economía, orientada por los intereses de los trabajadores: la expropiación de todos los activos de la empresa sin indemnización, la formación de una comisión investigadora integrada por trabajadores y técnicos para analizar los fraudes cometidos por su Directorio y la puesta en marcha de la empresa bajo el control y dirección de los trabajadores. Esto es lo que establece el proyecto de ley presentado por el Frente de Izquierda en el Congreso nacional.