Con la asunción del presidente Alberto Fernández llegaron los primeros anuncios de medidas de política y la seguridad social ocupó un lugar central. Además de los cambios relacionados con los recursos destinados a Anses (como el congelamiento del salario no imponible sujeto a aportes), se destacan dos medidas que impactan directamente en el ingreso de los beneficiarios. Por un lado, el pago de un bono a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al grupo más vulnerable de jubilados y pensionados. Por otro lado, la suspensión temporal de la fórmula de movilidad aprobada durante el gobierno de Macri y el otorgamiento de aumentos discrecionales. Si bien está claro a qué población llega el bono, en cuánto se beneficia, y cuál es el costo fiscal, la segunda medida no presenta ninguna precisión sobre estos puntos.
En cuanto al bono extraordinario, consiste en $2.000 adicionales a cada uno de los 4,2 millones de beneficiarios de la AUH y Asignación Universal por Embarazo. Asimismo, se darán dos bonos a los jubilados y pensionados que cobren un único beneficio de hasta $19.067,93. Esta medida alcanza a 4,7 millones de beneficiarios (3,3 millones son beneficios contributivos, alrededor de 150.000 casos de PUAM y 1,4 millones de PNC). En cuanto al monto, se pagarán $5.000 este mes y $5.000 en enero 2020 a las prestaciones que cobren hasta el haber mínimo, y este adicional irá decreciendo con los haberes hasta que todos alcancen el piso de $19.067,93. Las jubilaciones mayores a este tope no recibirán ningún bono. Así, en diciembre de este año y enero del año próximo, el haber mínimo será de $19.067,93.
Si no hay cambios adicionales, en febrero 2020 el haber mínimo volvería a ser $14.067,93, pero no está claro aun lo que pasará a partir de marzo. En efecto, yendo ahora a la segunda medida, el proyecto de ley establece que se suspende por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad y que los ajustes a la AUH, asignaciones familiares y jubilaciones y pensiones se harán trimestralmente según lo establezca el poder ejecutivo, favoreciendo a los sectores de menores ingresos. Volviendo a las preguntas anteriores sobre qué población se beneficia con los aumentos, en cuánto y cuánto cuesta, lo único que se explicita es que los incrementos serán diferenciales asistiendo principalmente a quienes se encuentran en la parte inferior de la pirámide de ingresos. Esto nos permite suponer que, al menos en marzo, la movilidad otorgada será la que surge de la ley 27.426 (11,56%), más un plus a los sectores más bajos (que pueden ser los beneficiados con el bono de fin de año o no). Algo similar podría suceder para la movilidad de junio, que si bien todavía no está definida (aunque se estima en cerca del 15%) debería ser considerada como el piso de aumento general para evitar un “Badaro III”.
Un punto importante es qué sucederá con la movilidad de los beneficios de los regímenes especiales que cobran en general entre el 82% y 85% móvil de los salarios de sus actividades cuando eran trabajadores activos. En este grupo (más de 250.000 beneficiarios) se encuentran, entre otros, los sistemas de los Jueces, Presidente y Vicepresidente, Servicio Exterior de la Nación, Investigadores y científicos y Docentes. La mayoría de esos sectores tienen una movilidad semestral que se aplica en marzo y septiembre de cada año de acuerdo a la variación de los salarios de cada sector del primer y segundo semestre. Luego de varias idas y vueltas, la ley finalmente aprobada por el Senado de la Nación excluye del congelamiento a estos regímenes (aunque el proyecto original los incluía), principalmente en aras de evitar una ola de juicios contra Anses. Como contrapartida se estableció revisar estos sistemas por 180 días y proponer nuevas formas de actualización y financiamiento en base a estudios financieros y actuariales. Para empezar a trabajar en esta línea, el poder ejecutivo propone incrementar las contribuciones de los regímenes de jueces y servicio exterior con alícuotas adicionales para los ingresos más altos.
En resumen, el gobierno antes de ser gobierno prometió un incremento a los jubilados y está cumpliendo su promesa. Nunca precisó a quiénes beneficiaría ni por cuanto tiempo y hoy sabemos a quiénes se dirige el bono y de cuánto es (35% para los haberes mínimos). Sin embargo, todavía no hay precisiones sobre la movilidad futura. La promesa sigue vigente y las expectativas también.
La autora es doctora en Economía y profesora de la UCEMA
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