Durante la gestión macrista, que se encuentra en retirada, las organizaciones sociales hemos logrado la sanción de dos leyes estratégicas para frenar el avance de las políticas de hambre: la Emergencia Social y la Emergencia Alimentaria. Impulsadas por los movimientos sociales, lograron el apoyo de un gran espectro político y social. Se trata de medidas cuyo objetivo principal es y ha sido brindar una ampliación de derechos hacia los sectores más vulnerables de nuestro país.
Desde el año 2012, el Movimiento Barrios de Pie construye el Indicador Barrial de Situación Nutricional que mediante la antropometría aporta información sobre la situación nutricional en la población de niños, niñas y adolescentes que asisten a comedores comunitarios. Estas mediciones nos proporcionan un dato alarmante: en Argentina 4 de cada 10 pibes que asisten a comedores comunitarios, en la zona metropolitana de Buenos Aires, se encuentran en alguna de las variantes de malnutrición (42,8%).
El INDEC confirma el preocupante estado de situación: en el primer semestre de 2019 el número de personas por debajo de la línea de pobreza creció al 35,4%, frente al 27,3% del mismo período de 2018. En otras palabras, 15,9 millones de personas son pobres en la Argentina. En tanto que la indigencia trepó al 7,7%, frente al 4,9% del mismo período de 2018.
Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, presentó su plan Argentina Sin Hambre. Los ejes del mismo contemplan: bajar el precio de los alimentos; generar más ingresos para las familias; romper el círculo de hambre - exclusión - pobreza; crear empleos; articular en red alimentación con salud, educación, desarrollo local y generación de trabajo.
En síntesis, propone garantizar la alimentación bajando el precio de los alimentos, creando empleo e implementando un sistema de alimentación sustentable y sostenible desde la producción hasta el consumo.
Los movimientos sociales surgimos y nos convertimos en pilares necesarios de la lucha contra el hambre. Y tiene sentido: somos las organizaciones que están en los barrios quienes desarrollamos estrategias comunitarias para mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen y paliar la crisis alimentaria a la que nos llevó el gobierno actual, mediante los comedores y merenderos, con la solidaridad de vecinos y vecinas pero también a través las ferias barriales, las compras comunitarias y mercados populares de proximidad que son algunas de las experiencias que se construyeron para paliar la crisis.
En este sentido, debemos retomar esas experiencias y proponer que se haga efectivo el proyecto de Ley de Góndolas incorporando dentro de los productos que ingresen en circulación aquellos provenientes de la economía popular para fortalecer y ampliar los mercados de proximidad y generar las condiciones que permitan a pequeños productores proveer una parte de los alimentos que el Estado compra para asistir a diversas organizaciones (escuelas, hospitales, comedores comunitarios, etc.) con el objetivo de promover un modelo alternativo y sustentable, que incluya las estrategias comunitarias y de la economía popular dentro de la política pública contra el hambre en Argentina.
Entendemos que en la implementación del plan que presentó Alberto Fernández y que expresa la lucha contra el hambre, es absolutamente indispensable el protagonismo y la participación popular. Es por esto que, desde los movimientos populares pondremos todo nuestro esfuerzo para ser protagonistas en la elaboración y gestión de políticas públicas que contribuyan a construir una Argentina más justa.
*El autor es Coordinador Nacional del Movimiento Barrios de Pie
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