
Las PASO han sido tomadas como una elección presidencial definitiva. No es lo que la ley dice, probablemente no sea lo que la opinión pública desea y quizá, por diferentes y contrapuestas razones, no representa la intención de los partidos en pugna por el poder, pero es lo que "los mercados" perciben al analizar –y tomar– drásticas decisiones que afectan seriamente a la Argentina.
Los mercados no son sólo los corredores de bolsa y los grupos financieros institucionalizados, son millones de agentes interactuando entre sí en toda la vida económica de una sociedad. Las transacciones más inmediatas afectan al dólar y a los títulos públicos y privados, pero es el problema del gasto y el financiamiento inflacionario el que distorsiona severamente todo el sistema de precios relativos (un precio relacionado con los otros) haciendo inviable la vida de una nación.
El presidente Mauricio Macri tiene el legítimo derecho y la obligación de ejercer el poder hasta el 10 de diciembre, pero enfrenta una situación mucho más delicada que la denominada "pato rengo" (término acuñado en el sistema político norteamericano para describir la pérdida de poder de un mandatario cuando no tiene posibilidades concretas de reelección). Desde el lunes 12 el poder del presidente Macri es erosionado por los acontecimientos. Sin embargo, ese drenaje podría no representar una ganancia real para el candidato de la oposición si la actual crisis se agudizara hasta afectar la gobernabilidad en un potencial gobierno suyo.
En este escenario de extrema complejidad la clase política debería reaccionar y confluir en un imprescindible acuerdo nacional.
El acuerdo podría basarse en por lo menos cuatro puntos:
1. Mostrar una voluntad firme de diálogo y un encuentro personal entre los candidatos a la Presidencia, y la unificación de posiciones ante el mercado respecto a la voluntad de respetar los compromisos del país. Esto podría estar en marcha en este momento.
2. Una convocatoria al diálogo amplio y la elaboración de un plan de corto, mediano y largo plazo para derrotar la inflación y concretar el crecimiento de la economía en base a inversiones que prácticamente nadie duda que son necesarias, pero que requieren seguridades.
3. La búsqueda de un sistema de supervisión independiente de los procesos judiciales en curso que afectan a ex funcionarios públicos y empresarios, como por ejemplo una comisión de notables o del Congreso –no necesariamente vinculante–. Tal vez el más complejo de los puntos políticos a resolver.
4. La continuidad del proceso electoral en el que se presente a la decisión de la sociedad quién sería el mejor candidato a implementar el acuerdo por los próximos cuatro años.
La ciudadanía, golpeada por el curso de una crisis que hora tras hora genera más pobres y una creciente desconfianza interna y externa, está observando a la dirigencia política y ponderando la utilidad que le presta en la tremenda emergencia que vive.
Un acuerdo no sería aceptar la transición de un presidente en ejercicio a otro que legal y técnicamente aún no fue elegido, ni la renuncia de la oposición a suceder al actual gobierno, pero seguramente sería la decisión histórica más transcendental desde que la Constitución Nacional de 1853/60 se promulgó.
Sería sumamente sabio recordar que desde el mismísimo Preámbulo de la Carta Magna se reconocen como sus antecedente la existencia de "pactos preexistentes", y que ese proceso fue muy virtuoso por varias décadas.
El autor es licenciado en Ciencias Políticas, master en Economía y Ciencias Políticas e investigador asociado de la Fundación Atlas 1853.
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