(Colin Boyle)
(Colin Boyle)

Cynthia Hotton, ex diputada, evangelista, me ha "acusado" en una columna publicada en este mismo medio porque hemos rechazado el hecho de que, dos días antes del 8M, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley, lanzó un 0800 para atender mujeres embarazadas, al que financió con una partida de 1.300.000 pesos que será atendida por la llamada "Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable", organizada por Aciera, una alianza que reúne a 15 mil iglesias evangélicas y que cuenta entre sus filas con lo más reaccionario del amplio espectro de congregaciones que integran ese culto cristiano.

Con esta medida dejan a mujeres con embarazos vulnerables (víctimas de violencia, abusos sexuales, violaciones) en manos de organizaciones oscurantistas que consideran al cuerpo gestante no como una persona con derechos sino un envase y que no se rigen por la ley o la ciencia sino por creencias religiosas, que son incompatibles con la garantía de los derechos de las mujeres y las sexualidades autopercibidas. Someten a las niñas que pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad a torturas psicológicas —y físicas— para forzarlas a sacrificar su infancia y llevar a término los embarazos, negando su derecho al aborto no punible, como consta en las evidencias de los recientes casos en Jujuy y Tucumán.

Son organizaciones que promueven el secuestro de niñas en los hospitales, como acaba de ocurrir en Tucumán. Días después del 8M la médica y el médico intervinientes en garantizar los derechos de la niña tucumana fueron denunciados penalmente por sectores que comulgan con Hotton. Más que "red de atención al embarazo vulnerable", debería llamarse "red de embarazo forzado".

Cynthia Hotton me acusa de "vivir en el mundo del revés" por defender que las niñas y mujeres víctimas de diversos tipos de violencia conozcan sus derechos y tengan acceso a un aborto legal en condiciones de salubridad, si esa es su decisión. Reafirmamos lo que Hotton y sus acólitos tratan de negar: en Argentina es legal el aborto por causales como la violación, o el riesgo de la madre, o persona gestante. Ese derecho debe protegerse doblemente en el caso de niñas. Hotton en forma deliberada en sus textos omite aclarar que son niñas gran parte de las víctimas que deberían "beneficiarse" de esta línea.

En Argentina hay más de tres mil nacimientos por año de niñas embarazadas menores de 15 años y el 16% de los 700 mil embarazos anuales son de adolescentes entre 15 y 19 años, en su mayoría de varones 10 años mayores que ellas. En algunas provincias llega al 25 por ciento. El 70% de esos embarazos se informan como "inesperados" (eufemismo utilizado por Hotton para ocultar que son contra la voluntad de la gestante). El índice es creciente.

Hotton y las organizaciones evangelistas que defiende dicen: "Es inaceptable que nos llame 'antiderechos' a quienes siempre estamos defendiendo los derechos reales", pero no solo intervienen activamente contra el derecho al aborto y el aborto no punible, se oponen también a la ESI. Una educación sexual laica, científica y crítica de toda perspectiva discriminatoria y de todas las formas de abuso y violencia sexual para que niñas, niños y adolescentes puedan conocer su cuerpo científicamente, su sexualidad, sus derechos, detectar y denunciar un abuso, de manera adecuada a su desarrollo biológico, educación psíquica y la realidad en la que viven.

Lo que despectivamente llaman "ideología de género" es, en una sociedad opresiva y que requiere de un proceso de transformación de sí misma y de las relaciones interpersonales que se desarrollan en ella, un derecho en defensa de la salud e integridad de niños, niñas y adolescentes. Se oponen a los derechos del colectivo LTGB y "los trans", como llaman de manera discriminatoria a las personas transgénero. Consideran "un delirio" cualquier identidad de género y orientación sexual que escape al binarismo heteronormativo y clerical. Critican que el sistema púbico garantice acceso a salud a un colectivo cuya expectativa de vida son los 35 años. Cuando fue diputada, se opuso al derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Y, del mismo modo, las organizaciones evangelistas que presionan para que inclusive niñas abusadas de 11 años de edad sean madres son responsables de que no se garantice el derecho a la maternidad para las mujeres que decidan procrear. El derecho a la maternidad implica derechos laborales y condiciones económicas para serlo. Pero las organizaciones evangelistas se han aliado a los partidos tradicionales para aplicar el ajuste en sus provincias y se vinculan con el Gobierno y bloques parlamentarios que han permitido las leyes del ajuste macrista. Hotton fue parte del partido Recrear del ajustador Ricardo López Murphy y fue diputada por el PRO. Con ajuste, despidos, suspensiones, topes salariales, recorte a la salud y educación, bajo los lineamientos del FMI, no hay derecho a la maternidad.

El 8M demostró el vigor que mantiene el movimiento de mujeres que en cada oportunidad moviliza masivamente, mal que le pese a Hotton, que dice que "solo proclamamos paros y relatos vacíos". Y evidenció la lección de que el movimiento de mujeres debe ser independiente del Estado y de todos los partidos y bloques políticos patronales: a pesar del boicot de las centrales sindicales, cientos de miles copamos Plaza de Mayo y volvimos a poner en agenda el reclamo del aborto legal y todos nuestros reclamos. La lucha independiente del Estado, los partidos patronales y el sindicalismo aliado a las Iglesias es el camino para terminar con el salvajismo que sufrimos niñas y mujeres.

La autora es diputada nacional por el Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Partido Obrero.