
La creatividad argentina en materia de políticas económicas y monetarias no tiene límites. En los últimos 70 años no dieron resultado, por qué habría que esperar que ahora sea diferente.
El Acuerdo II con el Fondo Monetario no trajo grandes novedades respecto de lo que los clásicos informantes del Gobierno se encargaron de deslizar anticipadamente, con el propósito logrado de mejorar el humor de los inversores internacionales y bajar la volatilidad del tipo de cambio.
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De ahí que llama la atención la renuncia del ex presidente del Banco Central, Luis Caputo, excepto que mediaran "reales" necesidades personales y no "cortocircuitos" con el Ministerio de Hacienda, porque ya había anunciado la decisión del directorio de la entidad de poner una banda de flotación de no intervención; el abandono de las metas de inflación y la decisión de controlar los agregados monetarios, como se ratificó a partir de ahora.
Más aún porque esas modificaciones de política monetaria y cambiaría, en un contexto de un Acuerdo II con el FMI más amplio y flexible, y luego del anuncio de la aceleración en el camino al déficit primario cero a 2019; había sido validado por los inversores locales e internacionales con sendas bajas del tipo de cambio y del Índice de Riesgo País, y recuperación parcial de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, y también de los depósitos en dólares en el sistema.
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Sin embargo, el flamante desembarco de altos funcionarios de Hacienda en el Banco Central, como los economistas Guido Sandleris, en la presidencia, y de Nicolás Gadano, en la gerencia general, trajo, al menos tres novedades relevantes en materia cambiaria:
1. La fijación de una zona de flotación ajustable, inicialmente con una tasa del 3% por mes, con el objetivo de no atrasar el tipo de cambio de competitividad;
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2. La participación vendedora con un tope de USD 150 millones por día cuando se supere la zona de no intervención en la parte superior, para esterilizar el eventual exceso de pesos que presiona sobre la punta superior del mercado de cambios;
3. La participación compradora, sin límite diario, e incluso alterando el objetivo extremo de variación cero de la base monetaria, si la cotización del dólar se ubica por debajo del límite inferior de la zona de no intervención.
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El primer punto aparece como claramente cuestionable porque no es común que un presidente del Banco Central hable del nivel del tipo de cambio, menos en un régimen de flotación libre donde, por definición, el precio de compra y de venta de divisas es determinado por las fuerzas del mercado, oferta y demanda, para no generar un seguro de cambio.
Pero además porque es menos usual que se establezca una zona de intervención ajustable, para garantizar que no quede rezagada frente a la inflación inercial proyectada, y "prevenir fluctuaciones excesivas del tipo de cambio".
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El punto 2 resulta altamente cuestionable porque en primer lugar no parece comprensible que la autoridad monetaria muestre todas sus cartas, cuando se quiere domar a un mercado exigente y que en varios pasajes de la crisis cambiario ha mostrado tener más fuerza, al punto que forzó el Acuerdo II con el FMI, y fije un límite de intervención diaria de USD 150 millones con reservas, sobre todo cuando hubo ruedas en el pasado en la que no alcanzaron más de USD 1.400 millones para evitar mayor devaluación del peso.
Es claro que podrá subir al cielo las tasas de interés, o, lo que lo mismo, elevar los encajes bancarios al punto que la economía real desemboque en más recesión, pero ahí el límite es finito por el severo impacto negativo que traería sobre la recaudación, y consecuentemente sobre el objetivo de déficit fiscal primario cero, y también sobre la inflación, como se vio desde avanzado el segundo trimestre.
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Mientras que el tercer punto aparece como contradictorio, en algún punto, con el exigente objetivo de base monetaria con variación cero, sobre todo porque los movimientos del mercado de cambio son provocados por una pequeña porción de la sociedad, aunque generan efectos sobre el conjunto.
Sin grandes antecedentes
En la Argentina los episodios de tipo de cambio libre y flotante, y sin intervención han sido muy cortos, en general por la impaciencia del regulador por dejar a que madure su vigencia, mientras el mercado se acomoda a una política monetaria y fiscal consistente con el objetivo de estabilizar el nivel de precios e incentivar el crecimiento armónico entre exportaciones, inversión y consumo, en ese orden, porque en la transición se dispara la inflación, tras largos períodos previos de contención con políticas heterodoxas.
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Lo ideal es que los precios relativos de la economía entre salarios, tarifas, tasas de interés y también de las divisas tiendan a encontrar su punto de mínima volatilidad con políticas monetarias y fiscales restrictivas, tras años de desbarajuste y descontrol de todo tipo.
Sin embargo, rápidamente aparece el poder político que se mueve con otros tiempos, por la necesidad de validar la gestión cada 2 años, y las campañas electorales se anticipan en general un año, y con ello se alienta el cambio de modelo, si lo hay.
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Eso explica que el último presidente del Banco Central apenas pudiera pasar los 100 días en el cargo, y el anterior superó el promedio de 1,5 años en 83 de existencia de la autoridad monetaria, y ahora se la convierta en un apéndice del Ministerio de Hacienda.

Puede ser que ahora funcione; más la innovación, pero lo relevante es que perdure de modo sustentable, porque de lo contrario el Acuerdo III con el Fondo Monetario Internacional podrá llegar más temprano que tarde, sobre todo si los mercados no ven con buenos ojos la decidida intervención de la autoridad monetaria por parte del Ministerio de Hacienda, esto es del poder político.
No resultó feliz que se repitiera en el Comunicado del Banco Central la expresión "se recalibrará" al comienzo del año próximo la tasa de ajuste mensual inicial del 3% de la zona de intervención en el mercado de cambios, porque recuerda la fallida experiencia de la primera intervención de la autoridad monetaria, el 28 de diciembre, el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y del entonces ministro de Economía, Nicolás Dujovne, anunciaron la "recalibración" de la meta de inflación del 10% al 15% para este año, y dio paso a que rápidamente saltara al 27% en el Acuerdo I con el FMI, a mediados de junio, y ahora voló a un rango superior al 44 por ciento.
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