La historia no se repite mecánicamente, pero es una referencia ineludible para entender el presente y conjeturar el futuro. Las crisis suelen ser parecidas, pero siempre diferentes.
La suba del dólar de los últimos días lleva a analizar cuál es su efecto más relevante en lo político: el social. Este no funciona como una progresión matemática. Es decir, no puede predecirse su evolución en función de números empíricos para determinar el "cuándo" estallará.
Funciona con la teoría del resorte. Acumula la tensión y, en un determinado momento, un desencadenante hace que salte y estalla todo lo acumulado. Como ejemplo, si el Gobierno hubiera podido mantener el control de la economía, podía plantearse la hipótesis de que comenzaría a crecer en el segundo trimestre del año próximo. Pese a ello, la situación social podría estallar en ese momento, por haber acumulado cuatro trimestres de fuerte deterioro.
La otra variable es la velocidad con la cual se desarrolla el conflicto social. A veces las cosas suceden más lento de lo esperado y otras, más rápido. Lo primero tiene lugar cuando se da el mencionado proceso de acumulación de la tensión. Pero cuando estalla y comienzan los saqueos, los acontecimientos se desarrollan con gran velocidad.
Los datos empíricos de la situación social que se disponen corresponden, en el mejor de los casos, al segundo trimestre y, en consecuencia, al finalizar agosto, tienen un trimestre de atraso (suponiendo que se hayan tomado en mayo).
En ese momento —la corrida cambiaría se había iniciado en la segunda quincena de abril, un mes antes— mostraba ya aumento de la pobreza, incremento del desempleo y pérdida del poder adquisitivo del salario real. Tres meses después, aunque no existan cifras nuevas provistas por el Indec, el Ministerio de Trabajo, la Anses y la AFIP, con las cuatro áreas del Estado que elaboran información sobre las variables de relevancia social, la situación se ha deteriorado mucho, aunque no se cuente con números precisos.
La devaluación ha estado muy por encima de la inflación, impactando negativamente en el precio de los alimentos que integran la canasta básica alimentaria; la inflación —que en agosto puede llegar al 4% mensual— deteriora el poder adquisitivo de salarios, ingresos en negro, subsidios y planes de asistencia social, y está creciendo la desigualdad en la distribución de ingreso y la informalidad.
Indicadores que permiten seguir día a día la situación social, como es la concurrencia a los comedores populares o comunitarios, evidencian fuerte incremento de la demanda, aunque los números son dispares. En el Conurbano, en varios comedores se ha duplicado la concurrencia en lo que va del año. Este incremento se da tanto en los que manejan los movimientos sociales como en los que pertenecen a la Iglesia Católica o los cultos evangélicos.
El Gobierno desde junio viene aumentando el abastecimiento de estos comedores, lo que resulta clave para contener los saqueos, pero, agudizándose la crisis económica, la velocidad lo puede hacer insuficiente.
Al finalizar agosto, es claro que la situación económico-social se ha deteriorado severamente. Pero la asistencia alimentaria, por un lado, y la actitud moderada de la dirigencia peronista tanto en los sindicatos como en los movimientos sociales, han funcionado como una suerte de amortiguador para esta situación.
Pero si el Gobierno no logra retomar el control de la economía, el riesgo es que el resorte que acumula la tensión social se vea alterado.
El autor es director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría.
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