El derecho de autor reivindica a los autores como trabajadores de la palabra

Este año la escritora Claudia Piñeiro tuvo a su cargo el discurso inaugural de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Fue un discurso magnífico. Dijo, entre otras cosas: "Reivindico el ejercicio de la literatura como trabajo, y a nosotros [los escritores], como trabajadores de la palabra. Somos trabajadores dentro de una industria".

Una frase contundente que retomo porque constituye el núcleo, el cigüeñal, de la defensa del derecho de autor, que concibe al escritor como un hacedor de los textos, el titular tanto de un derecho moral como de otro patrimonial sobre su producción.

Y esos textos que un escritor produce están dirigidos a los lectores, quienes ejercen otro derecho fundamental, el de acceder libremente a los contenidos culturales y educativos que los autores crean. Ese acceso, lógicamente, tiene un costo, que es el pan, la paga del escritor. En paralelo, queda claro también que una sociedad plural, democrática y sólida se conforma con una amplia circulación de las producciones culturales, que no deben llegar solo a unos pocos.

Lograr un equilibrio entre los derechos de los autores y editores, y la circulación ágil y legal de textos es el objetivo de CADRA, una asociación civil sin fines de lucro integrada por autores y editores de libros y otras publicaciones, que gestiona colectivamente los derechos de autor en Argentina, entidad que como autor tengo la distinción de presidir.

En CADRA no creemos en la clásica antinomia del derecho de autor como opuesto al derecho de acceso a la información. Trabajamos justamente para articular el acceso legal a las obras escritas y el respeto para con el trabajo de autores y editores. Lo hacemos a través de la gestión colectiva porque se tornaría imposible hacer un seguimiento y una defensa de estos derechos en forma individual.

¿Cuál es el sentido de esta tarea? Nuestra convicción del desmedro tanto al autor cuanto al editor que provoca la piratería. Desmedro que se extiende al lucro que obtienen los grupos que se dedican a producir copias no autorizadas de los libros, tanto en papel como en formato digital.

¿Dónde está el problema? En la circulación ilegal de los textos en plataformas digitales o en copias papel, en las impresiones de textos. Por ninguna de ellas —plataformas ilegales, copias en papel, impresiones— los creadores reciben remuneración alguna.

Vivimos una era digital y también asistimos a fenómenos que hace décadas no existían. Para el estudio de una asignatura, los estudiantes leen un capítulo de distintos libros; las empresas usan solo una parte de un texto para sus informes; los centros de copiado contribuyen a la circulación de material entre los usuarios, entre otras situaciones.

¿Qué solución plantea CADRA para que la circulación sea legal y contribuya a los autores? Firma acuerdos y otorga licencias a universidades, bibliotecas, organismos de gobierno, empresas y centros de copiado, para que de tal forma sea posible la reproducción de un porcentaje de los libros y publicaciones que están bajo su órbita, y como retribución cobra un canon, calculado de diversas maneras según sea la entidad y el formato de la contraparte, que luego distribuye entre sus socios, autores y editores.

Nuestras acciones se rigen por normas y prácticas internacionales, porque CADRA forma parte, junto a entidades de otros cien países, de la Federación Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (Ifrro), y cuenta con el apoyo y la cooperación del Centro Regional para el fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc).

Nos queda mucho camino por recorrer. Necesitamos que el Estado nacional entienda la importancia de proteger a los creadores y nos apoye con una legislación que acompañe el devenir de los cambios sociales y tecnológicos.

El objetivo es que quienes dedican su tiempo a escribir obras —literarias o científicas— o quienes trabajan en la industria editorial vivan dignamente del fruto de esas tareas. Que sean reconocidos materialmente por lo que hacen.

El autor es presidente del Centro de Administración de Derechos Reprográficos (CADRA).