Evaluaciones educativas y acceso a la información

El pasado miércoles 23 de marzo se dio a conocer una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados por parte del radicalismo que integra la alianza Cambiemos en la que se expresó la voluntad de reformar la ley 26206 de educación nacional. Se propone hacer públicos "los datos, indicadores y resultados concernientes a toda investigación o evaluación educativa". Así es que podría difundir la información generada mediante la importación de modelos de gestión educativa que promueven la competitividad entre las escuelas, a la vez que profundizan la exclusión de los sectores con menos oportunidades socioeducativas y culturales.

Pero el problema no radica solamente en este tipo de evaluaciones, sino en la excusa de la transparencia (también mencionada en el proyecto de ley), en tanto un posible mecanismo de participación social, para la justificación de una merma en la inversión estatal en aquellas instituciones o regiones con un "menor" rendimiento escolar.

Las problemáticas educativas deben ser un tema de atención pública, pero también de focalización por parte de los especialistas en la materia. Ellos son también los que deben participar en el debate de los motivos y las estrategias de difusión de esta información relevante para el colectivo social.

En este caso, la ausencia del abordaje comunicacional del problema no parece casual, dado que la iniciativa legislativa proviene del mismo sector político que discutió y aprobó la ley 27275 de derecho de acceso a la información pública sin considerar en el debate ni en su reglamentación la inclusión del sector académico en el organismo asesor para la implementación de la ley denominado Consejo Federal para la Transparencia. Este resultó compuesto solamente por un representante por provincia, a pesar de que el sector académico puede generar una reflexión teórica y un diseño pragmático de acciones para difundir activamente ciertos datos a determinados públicos.

Otro punto que tampoco fue tomado de las sugerencias realizadas en las audiencias públicas desarrolladas en el Congreso durante 2016 fue la necesidad de establecer políticas activas para la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo de aplicación de la norma, para dar a conocer las herramientas que brindan el acceso a la información pública. Solamente se previó que este debería encargarse de "proveer un canal de comunicación con la ciudadanía" para "prestar asesoramiento" en la realización de solicitudes de información ante el Estado y otros entes alcanzados.

Para concluir, está claro que la información resulta un insumo necesario para la vida de las personas y también "una herramienta particularmente útil para el ejercicio informado de otros derechos como los derechos políticos o los derechos sociales y económicos", tal como ha mencionado en reiteradas oportunidades la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en esta ocasión, en el informe de la Comisión Interamericana "El derecho de acceso a la información en las Américas. Estándares interamericanos y comparación de marcos legales", de diciembre de 2011). Pero es necesario que a la hora de regular estas cuestiones sea convocados los sectores implicados y se abra un debate plural: no se trata (solamente) del aporte ya mencionado del sector académico, también se debe contar con la posición de otros actores como los gremiales. ¿Qué sucedería con los docentes de los establecimientos con un "menor rendimiento"?

La consideración de la protección de la información sensible, en este caso, los datos personales de quienes completan las evaluaciones y de sus maestros, sugerida en el proyecto es importante, pero no resulta suficiente: es necesario abrir un discusión en la que se dimensione el valor de la información tanto para la toma de decisiones de los gobiernos como de la sociedad en general.

La autora es magíster en Investigación en Ciencias Sociales. Docente e investigadora del Observatorio de Derechos y Comunicación (Dercom) y del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (Iealc), Facultad de Ciencias Sociales (UBA).