Despenalizar el aborto en Argentina es la gran deuda de la democracia, es un imperativo de igualdad y es un compromiso con los derechos humanos.

Durante los últimos 30 años en el país las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo han sido la primera causa individual de mortalidad materna y han representado un tercio del total de esas muertes. Las estadísticas para los años 2014-2016 muestran que el 17% de las muertes maternas derivó de abortos inseguros.

Fue el presidente Mauricio Macri quien decidió abrir la puerta a este debate; quienes hace años venimos trabajando para que se debata el aborto en el Congreso no podemos más que celebrarlo.

Tal como indica la Organización Mundial de la Salud, la despenalización no pronostica un número mayor de abortos, pero sí reduce la mortalidad materna. Estadísticas y estudios mundiales muestran que donde las leyes son restrictivas la mayoría de las prácticas son inseguras y las tasas de abortos, altas. Por ejemplo, a nivel regional, Uruguay expuso números concretos de reducción de muertes relacionadas con el embarazo y el aborto, producto de su política de disminución de riesgo y daño y legalización.

En Argentina, el aborto presenta un mapa desigual y selectivo, un no federalismo sanitario. Según datos del 2014, en Formosa, la mortalidad materna es de 9,6 muertes cada 10 mil nacimientos. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, es de 1,8 cada 10 mil nacimientos. Esto significa que, dependiendo del lugar en donde le haya tocado nacer a una mujer, tendrá mayores o menores chances de ejercer sus derechos: una mujer formoseña tiene mucho más riesgo de morir que una porteña.

Estamos hablando no solamente de un problema de salud, sino de un problema de desigualdad que se profundiza cuando se trata de abortos realizados en condiciones inseguras por mujeres pobres. Según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, en 2015, alrededor del 84% perdió la vida en establecimientos de salud públicos; 7%, en establecimientos privados; 2%, en el domicilio particular y 7%, en otros lugares.

Si bien la discriminación contra las mujeres es patente en casi todos los ámbitos de la vida, en los sexuales y reproductivos alcanza matices escandalosos. Es en la regulación de la sexualidad y la reproducción de las mujeres donde con más nitidez se evidencian los estereotipos y los prejuicios de género que son impuestos a todas las mujeres a través de legislaciones y prácticas fuertemente discriminatorias. Por ello, si prohibir abortos que pueden salvar vidas es atroz en cualquier circunstancia, la política persecutoria y las penas de cárcel para las mujeres que requieren un aborto son inhumanas.

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que no hay consenso acerca del inicio de la vida humana. No existe consenso en ningún campo y disciplina al respecto. Otorgar prevalencia a cierto tipo de literatura científica o religiosa al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana implica imponer un tipo de creencia específica a otras personas que no las comparten. Sin embargo, reafirma que las concepciones morales o religiosas que consideran que un óvulo fecundado es vida humana no pueden justificar que se otorgue prevalencia legal a esta idea, porque ello implicaría imponer un tipo de creencia específica a otras personas que no las comparten y mucho menos criminalizar a quienes disienten con esa noción.

Quienes individualmente, por convicciones morales, religiosas o filosóficas, crean que interrumpir un embarazo es terminar con una vida tienen derecho a pensar y a practicar sus creencias. Sin embargo, los funcionarios, sobre todo en uso de su poder como representantes del Estado, deben asumir la responsabilidad de imponer la salud, la vida y los derechos de mujeres y niñas por sobre sus convicciones personales.

A fines de febrero el Presidente de la Nación llamó a debatir el aborto en el Congreso y el 1º de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias, explicitó que este es un debate que hace 35 años está postergado y debe darse seriamente. Este gesto político no puede soslayarse.

Para llegar hasta aquí, ha sido fundamental la lucha de los movimientos de mujeres que hace años vienen movilizándose por hacer oír su voz. Ahora es el turno del Poder Legislativo, quien tiene la responsabilidad de saldar esta deuda al generar un debate serio, informado, participativo, inclusivo y, sobre todo, despojado de valoraciones personales. Estamos ante una oportunidad histórica.

La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.