Caso Odebrecht: en esta juegan todos

Una de las mejores formas de darse cuenta de lo que hace falta es frente a los hechos; la realidad misma va moldeando las leyes conforme a las necesidades. Hace casi un año el Poder Ejecutivo envió al Congreso una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y hoy, frente al caso Odebrecht, emerge con toda urgencia. En casos como estos es cuando el Estado o trabaja todo en conjunto o no logra todos sus objetivos. Seguramente no todo lo que hagamos podrá ser aplicable en el caso de Odebrecht, pero sí quedará en nuestras leyes para evitar que en el futuro tengamos el mismo problema.

Hay que tener cuidado, algunos están viendo más problemas que los que realmente hay en este tema. Entiendo que la mejor defensa de algunos ex funcionarios es plantar la duda para evitar acuerdos de colaboración con la empresa y con Brasil. Estemos atentos a eso. Hay una premisa que es irrefutable: si queremos luchar contra la corrupción, debemos abordar procesos de delación premiada junto con la acción de los tres poderes del Estado haciendo lo que deben hacer.

Sin ánimos de establecer un orden, el Congreso de la Nación tiene a la espera la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que reconoce la posibilidad de firmar acuerdos de colaboración eficaces para la reducción o la exención de las sanciones que aplica en los términos del artículo 37 de la Convención de Mérida.

Están quienes plantean la irretroactividad porque el Estado no puede perseguir lo que antes no eran delitos. Esto es cierto, sin embargo, los hechos siempre fueron ilícitos y generaron daños, por lo tanto, existen reclamos civiles y sanciones administrativas que pesan a la hora de presionar por la colaboración de determinada empresa. La continuidad económica de la compañía en la Argentina depende de satisfacer al Estado con su colaboración.

Las acciones penales contra los administradores de la sociedad ya fueron resueltas en Brasil en el momento en que ellos reconocieron los hechos (pago de coimas), aunque refieran a coimas pagadas en Argentina, ya están siendo juzgados en Brasil y por el principio de la imposibilidad de la doble imputación no pueden ser juzgados acá por lo mismo. Esto elimina a todos los que plantean atacar el acuerdo de colaboración que la empresa firmó allá. Quienes hagan eso sólo generan ruido.

Pero nosotros tenemos a quiénes juzgar y por ello necesitamos la colaboración, hay un listado de ex funcionarios e intermediarios que son la contraparte en esas coimas pagadas. A ellos podemos juzgarlos con todo el peso de nuestras leyes.

Por otro lado, creo que debería aprovecharse para modificar la ley del arrepentido y no reducir, sino eximir de las penas al colaborador cuando denuncia a un funcionario público. Este sería un mensaje más que claro a los corruptos. Y, ya que estamos, es tiempo de volver a discutir el desafuero de Julio de Vido, porque, cuando la información llegue, merecerá enfrentar un juicio justo sin ningún privilegio.

El Poder Judicial debe asumir el compromiso por la verdad y la justicia. No podemos seguir esperando eternamente investigaciones en causas de corrupción. Las figuras de delación que mencionaba son necesarias pero no imprescindibles para el avance la Justicia, la investigación tiene muchos elementos en nuestro país donde recabar información.

El Poder Ejecutivo: es imprescindible que la Oficina Anticorrupción impulse las causas como querellante y aporte pruebas que faciliten la investigación por parte de la Justicia. Sé que el pedido está hecho en las causas. También es necesario el compromiso político que asumió el propio Presidente instruyendo que se avance en un acuerdo de colaboración con la empresa para evitar que impongan reparos en Brasil a la llegada de la información.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal. Lo cierto es que brilló por su ausencia. No ha carecido el carácter necesario durante el desarrollo de la investigación. Mientras otros procuradores optaron por acercar posiciones y firmar acuerdos de colaboración, el nuestro literalmente hizo la plancha. La falta de remisión de información está directamente vinculada con la falta de garantías ofrecidas.

Somos muchos los que creemos en un horizonte: terminar con la corrupción y fortalecer la república. Para ello debemos hacer sacrificios, pero la garantía está en nuestro objetivo. Ir contra los funcionarios corruptos es ir en pos de los intereses de la Argentina.

El autor es secretario parlamentario del bloque de diputados nacionales de la CC-ARI