El día 17 de mayo se celebró el Día Mundial del Reciclaje, con el objetivo de generar conciencia en relación con esta temática y promover el compromiso con el medio ambiente y la comunidad.
En la Ciudad de Buenos Aires, la cuestión del reciclaje como mecanismo de resolución del problema de la basura sigue siendo un desafío colectivo: según una encuesta del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo el 65% de los porteños separa los residuos (y el 70% cree que los demás no lo hacen). El dato resulta aún más alarmante si tenemos en cuenta que la Ciudad lidera el ranking nacional de generación de basura per cápita por día con 1,52 kilos por habitante, muy lejos de los 0,85 kilos diarios per cápita generados a nivel nacional.
El 9 de mayo de este año se cumplieron 10 años de la reglamentación de la ley 1854 de basura cero en la Ciudad de Buenos Aires. Sancionada en noviembre de 2005 y promulgada en enero de 2006, estableció metas concretas dirigidas a la reducción de la generación de residuos, la recuperación y el reciclado, así como también la disminución de la toxicidad de la basura y la asunción de la responsabilidad del fabricante sobre sus productos.
Más allá de la efeméride legislativa, el balance de los últimos años evidencia el flagrante incumplimiento de la normativa vigente, la escasa medición de la política pública para la toma de decisiones y la necesidad de adoptar nuevas formas de resolver los problemas.
¿Qué prevé la ley de basura cero? Tomando como parámetro la cifra de 1.497.656 toneladas de residuos generados en 2004, esta ley contempló una reducción del 30% para el año 2010, una reducción del 50% para el 2012 y de un 75% para el 2017. Para el 2020, estableció la prohibición total de envío de residuos reciclables o aprovechables a rellenos sanitarios. A la luz de lo estipulado en la ley, el porcentaje de reducción debería ser, a este año, del 75%: pareciera que estamos, una vez más, ante metas que serán muy difíciles de cumplir.
En la década del noventa, las principales ciudades australianas se encontraban entre las que mayores residuos sólidos municipales per cápita generaban. Sin embargo, tras haber sido el país pionero en la promoción de políticas de basura cero, hoy gestiona eficientemente la gran mayoría de sus residuos. Como demostración de ello, y en el transcurso de sólo una década, la capital del país, Canberra, pasó de una tasa de recuperación de 22 al 69 por ciento.
La clave del éxito del modelo australiano no radicó sólo en el reciclado, sino que fue mucho más allá, buscó que los productos fueran fabricados de forma tal que luego pudieran ser reutilizados. En definitiva, la clave es que cada una de las organizaciones y los individuos de la comunidad asumamos nuestra responsabilidad: que el Estado regule, implemente y evalúe la política pública, que las empresas produzcan en vistas a generar menos basura y que los ciudadanos separemos los residuos y seamos consumidores responsables.
Es por ello que, en la Ciudad de Buenos Aires, la prohibición de las bolsas plásticas fue un paso necesario, pero dista de ser suficiente. Es necesario avanzar decididamente, por ejemplo, en la reducción drástica de contenedores plásticos, incorporados masivamente a nuestros hábitos de consumo.
Para generar menos residuos, reciclar y recuperar, tenemos que sumarnos a un cambio cultural, de hábitos. Necesitamos también de un Estado presente, que articule permanentemente con los diversos actores de la comunidad con incidencia en la temática y que garantice una gestión de residuos sustentable tanto en su esfera social y económica como ambiental.
En definitiva, se requiere una visión estratégica para lograr una gestión integral de los residuos urbanos, asegurando su proyección y la sostenibilidad hacia el futuro, para lo cual es imprescindible alcanzar consensos basados en la responsabilidad tanto de consumidores y productores como del Estado.
Si queremos vivir en una ciudad más limpia, tenemos que plantear instancias de mejora continua. A más de 10 años de la sanción de la ley de basura cero, cabe la pregunta acerca de los ajustes que podrían realizarse para que la política pública nos permita evolucionar.
Es presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA).
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