Qué podría hacer Macri para resolver los piquetes

Durante el 2015, con Cristina Kirchner en el poder, se realizaron 6.323 piquetes en todo el país. En 2016, a lo largo del primer Gobierno de Mauricio Macri, hubo 6.491.

Los piquetes son un conflicto que el Estado debe resolver de una vez por todas. Afecta a todos los gobiernos, del signo político que sean, y fundamentalmente trastorna a todos los ciudadanos, que se ven impedidos de movilizarse y realizar sus actividades libremente.

Encarar esta problemática no admite respuestas espasmódicas ni marketineras. Requiere de un trabajo consciente y planificado por parte del Estado. No se pueden seguir aplicando los mismos métodos que fallaron anteriormente y que costaron vidas.

Tampoco se puede mantener la política de no intervención mientras un grupo de manifestantes obstruye la libre circulación en la vía pública. Como nos dice siempre Sergio Massa, tenemos que esforzarnos por encontrar soluciones superadoras.

Es un error pensar que la solución reside en enviar a las fuerzas de seguridad para reprimir el piquete. Por dos cuestiones básicas: las causas estructurales que generan los cortes no se han resuelto; la policía que debe controlarlos no se ha capacitado de forma adecuada para intervenir en la protesta social.

Esto debe servirnos de alerta para no tomar atajos. El trabajo para la resolución de este conflicto de derechos, en el cual colisionan quienes tienen derecho a manifestarse y quienes tienen derecho a transitar, debe ser integral.

Según el Tribunal Constitucional de España: "En una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un ámbito de participación" (sentencia 66/1995, foja 3).

En ese sentido, entendemos que la salida al conflicto dista mucho de ser represiva. El desafío hacia adelante consiste en trabajar en por lo menos dos propuestas.

La primera consiste en la realización de una reunión previa entre el Estado y las organizaciones o agrupaciones para la planificación de la protesta. Se recomienda tomar contacto con los referentes de los grupos convocantes a fin de lograr una eficiente organización del espacio público, la búsqueda de vías alternativas para encausar el tránsito, la disposición de vallados, el acompañamiento durante el trayecto de la marcha o incluso llegar a un consenso para un tiempo limitado en caso de corte, alternativa que implica acciones de control por parte del Estado. Esto incluye la evaluación de riesgos por parte de autoridades políticas y judiciales, en conjunto con las fuerzas del orden, en donde se pongan de manifiesto los lugares de la protesta y la duración. Esta opción les va a permitir a las autoridades facilitarles a los transeúntes vías alternativas de circulación mientras dure el bloqueo. Lo acordado en la reunión debe cumplirse y, si alguna de las partes no lo hace, sería pasible de sanción. Por eso es fundamental la presencia judicial, tanto fiscales como jueces.

La segunda alternativa es que las protestas sean realizadas en veredas o plazas, a los efectos de permitir el normal desarrollo del tránsito. Aquí el acuerdo consistiría en no cortar la calle, por lo tanto quien lo viole sería pasible de denuncia judicial.

En caso de que cualquier acuerdo fracase y existan agitadores que conviertan la protesta social en una especie de extorsión, debemos tener fuerzas del orden preparadas y debidamente entrenadas para prevenir la presencia de esos agentes provocadores, controlarlos, contenerlos o apartarlos. Este es un punto central en esta problemática: la adecuada formación de los agentes es determinante.

Una buena organización espacial del operativo debe evitar el contacto físico entre los funcionarios policiales y los manifestantes, permitir que ambos tengan margen de movilidad y acceso a vías de desconcentración, contemplar la existencia de barreras físicas entre los funcionarios policiales y los manifestantes cuando se advierte que el operativo se extenderá en el tiempo, y prever un dispositivo adecuado de control del tránsito, con indicaciones claras de acceso a vías alternativas.

En conclusión, lo que nos propusimos fue ofrecer una breve reseña de cómo podemos trabajar integralmente para resolver el conflicto de los piquetes. Hay trabajos muy interesantes, tanto de las plataformas de derechos humanos a nivel internacional como de las diferentes experiencias de las fuerzas de seguridad de países desarrollados.

Tenemos la responsabilidad de esmerarnos y utilizar métodos novedosos, como los propuestos, para resolver de una vez por todas esta problemática que atenta contra la convivencia y el bienestar de todos los argentinos. Si lo logramos, nos beneficiamos todos, más allá de quién gobierne.

La autora es dirigente del Frente Renovador.