La seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población. Es por eso que todos los políticos se dedican incansablemente a hablar del tema, creyendo que, por traerlo a colación, pensaremos que se están ocupando de la cuestión. Hablar no es hacer.
El problema de la seguridad de la Argentina es estructural y, por lo tanto, su solución requiere medidas profundas que afectan a varios actores y sectores de la sociedad. Son medidas que van a reducir los ingresos de muchas personas, porque hay que terminar con algunos negocios. La delincuencia que vemos manifestarse día a día en los episodios de inseguridad no es más que un síntoma de toda la estructura que opera en la ilegalidad. Son el último eslabón de una larga cadena, el más visible y el más débil. Aquellos que vemos delinquir son precisamente los desesperados de la sociedad que salen a buscar a cualquier precio: a veces, su vida, a veces, la de los demás. Claro que hay que detenerlos, claro que tienen que ser juzgados, pero eso no soluciona el problema. El lugar que dejan vacante pronto será tomado por otros desesperados: en la Argentina de la marginalidad, desesperación es lo que sobra.
Dejemos de lado que a nivel preventivo hay todavía mucho por hacer. Hoy las fuerzas de seguridad se ocupan más de mover papeles que realmente de analizar el crimen y buscar soluciones a los problemas. Dentro de cada comisaría de la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires debe haber una docena de personas por turno dedicadas a llevar papeles y poner sellos. Ni hablar de quienes están custodiando edificios públicos.
Olvidemos por un momento la labor social que tenemos que encarar para que, incluyendo a las personas en la sociedad, las arrebatemos de las garras de la marginalidad y, por lo tanto, las alejamos del delito. Esto también es parte del problema estructural que se esconde detrás de los episodios de inseguridad que nos afectan directamente a todos.
El Gobierno sabe bien que va a tener que lidiar con el delito. Pero precisamente quienes ocupan el lugar de asesores y expertos en las mesas en las que se toman las decisiones tal vez también estén involucrados de alguna forma en el entramado del crimen organizado. El Gobierno, por otro lado, ha puesto en los lugares clave de seguridad a personas que tal vez no tengan el conocimiento necesario. Es así como hoy la lucha contra el delito se ha convertido en el terreno en el que los amateurs toman decisiones asesorados por los mismos que manejan el crimen organizado. No es difícil imaginar el resultado.
Ante la evidente falta de capacidad para solucionar la cuestión estructural, el Gobierno ha optado por imitar la estrategia del kirchnerismo: fuegos artificiales. Se ha lanzado un operativo para enviar efectivos al Conurbano, estrategia que se ha ejecutado durante la década ganada con varios nombres rimbombantes y que son las que nos han dejado en la situación en la que nos encontramos hoy. Quieren calmar el ánimo de las personas con la presencia policial, pero el problema persiste, porque más policía en la calle no soluciona nada. Se libera a los efectivos de tareas administrativas para que puedan salir a la calle y esto es correcto. El problema es que se los saca de una tarea inútil para ponerlos a hacer otra tarea inútil.
En la Ciudad de Buenos Aires el show de fuegos artificiales ha tomado dimensiones épicas. Primero, se lanza la "nueva policía", que no es más que un cambio de uniforme de la actual Policía Federal. No sólo eso, sino que la impericia de quienes se ocupan de estos temas fomentó la aniquilación de una fuerza nueva y con un norte adecuado como es la Policía Metropolitana. Pero nada importa, se pudo hacer un anuncio y se le pudo mostrar a la ciudadanía algo nuevo. Y ahora también parece que están trabajando en controlar los accesos a la ciudad. La medida es correcta, pero sólo servirá para atrapar a los delincuentes incautos e improvisados: el crimen organizado sabe cómo moverse y no creo que un control de acceso les complique siquiera un poco las operaciones.
Y finalmente, todo hay que decirlo, la sociedad es cómplice de la delincuencia. La trata existe porque existen los clientes y el narcotraficante, si no tuviera quién compre sus productos, pronto cambiaría de rubro. Es precisamente este crimen organizado el que se ancla en la marginalidad y la explota, y genera, a su vez, la delincuencia que nos golpea día a día en los episodios de inseguridad. El foco no sólo tiene que hacerse en las organizaciones delictivas, sino también en todos aquellos que, con su consumo, manchan de sangre las calles de la Argentina.
Pero para todo ello hace falta un equipo de personas capaces y con conocimientos sobre seguridad. El Gobierno, mientras tanto, sigue improvisando soluciones para calmar a la opinión pública, pero nada de eso tendrá un efecto sobre la realidad delictiva del país. Los amateurs siguen obsesionados con la presencia policial, mientras la sociedad sigue sufriendo cada vez más la opresión del crimen organizado.
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