El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) exigió este domingo que el Estado de Nicaragua cumpla las medidas cautelares dictadas a favor de Thelma Montenegro, defensora de derechos humanos cuyo paradero permanece desconocido desde su detención el 23 de agosto.
La organización internacional recordó que Nicaragua sigue sujeta a obligaciones internacionales en materia de derechos humanos como integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pese a su salida de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El reclamo fue dirigido al representante nicaragüense Denis Moncada Colindres, vicecanciller, y a la Asamblea Nacional.
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En una publicación difundida este domingo, CEJIL pidió que las autoridades “cumplan las medidas” concedidas para proteger a Montenegro. Una imagen que acompañó el mensaje indicó que la defensora llevaba 48 días desaparecida al 10 de octubre de 2026.
La CIDH otorgó protección a la defensora el 30 de septiembre
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Montenegro el 30 de septiembre a través de la Resolución 77/2026. El organismo consideró que su caso reúne condiciones de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable para sus derechos a la vida y la integridad personal.
Montenegro, integrante de la Asociación Madres de Abril, fue detenida el 19 de agosto en una comisaría de Pantasma, en el departamento de Jinotega, cuando acudió a realizar un trámite relacionado con su licencia de conducir.
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Según la información divulgada por sus familiares, agentes policiales le informaron que estaba requerida por una investigación vinculada con el asesinato de su esposo, Francisco Blandón Herrera, ocurrido en 2019. Durante los interrogatorios posteriores, las preguntas se centraron en sus vínculos con organizaciones, personas opositoras y actividades políticas.
Pérdida de contacto tras una segunda detención
Las autoridades liberaron a Montenegro el 22 de agosto, aunque retuvieron su teléfono. La noche siguiente, cerca de siete agentes armados llegaron a su vivienda y se la llevaron de nuevo, de acuerdo con los antecedentes conocidos por su familia.
La última conexión de su teléfono se registró el 25 de agosto, cuando ya se encontraba bajo custodia estatal. Desde entonces, sus allegados no han recibido información oficial sobre el lugar de reclusión ni han podido comunicarse con ella.
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La familia acudió a dependencias policiales de Managua, Tipitapa y Jinotega en busca de respuestas, sin obtener confirmación sobre su detención. Organizaciones de derechos humanos alertaron que la incomunicación puede agravar los riesgos para su salud, debido a enfermedades preexistentes que requieren medicación y atención médica.
Montenegro se incorporó a la búsqueda de justicia tras el asesinato de sus hermanos Oliver José Montenegro y Edgar Aristo Montenegro en 2019. Organizaciones internacionales han denunciado que ella y sus familiares enfrentaron vigilancia y allanamientos durante los últimos años.
A principios de octubre, la Federación Internacional por los Derechos Humanos urgió a las autoridades del país centroamericano que garantizaran la seguridad y la integridad física de la defensora de derechos. La organización reclamó información oficial sobre su situación, acceso para sus familiares y su liberación inmediata si permanece bajo custodia estatal.
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