La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este 16 de septiembre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas provisionales para proteger a nueve personas privadas de libertad en Nicaragua, ante denuncias sobre el agravamiento de sus condiciones de salud, aislamiento, agresiones y amenazas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.
La solicitud abarca a Walter José Balmaceda Ruiz, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Zacarías Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, Leonel Antonio Poveda Palacios, José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila.
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Según la CIDH, todos permanecen detenidos en el centro penitenciario La Modelo, donde enfrentarían una situación de extrema gravedad y urgencia con riesgo de daños irreparables a sus derechos.
La Comisión ya había concedido medidas cautelares en favor de los nueve detenidos el 12 de diciembre de 2025. Desde entonces, indicó el organismo, el régimen de Nicaragua no remitió información que permita establecer que adoptó medidas eficaces de protección, ni acciones concertadas con los beneficiarios o sus representantes para reducir el riesgo.
La presentación ante la Corte IDH señala que los nueve hombres tienen acceso limitado o nulo al patio y a la luz solar, reciben alimentación que sería insuficiente e inadecuada y carecen de atención médica especializada.
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La CIDH también alertó sobre un ambiente de hostigamiento, amenazas y represalias atribuidas a autoridades penitenciarias.
Dos de los detenidos, Jairo Alberto Obando Delgadillo y Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, habrían sufrido agresiones. Gutiérrez Delgadillo y José Olivar Meza Raudez permanecerían desde hace semanas en celdas de castigo y aislamiento, expuestos a temperaturas extremas.
La Comisión afirmó que los nueve privados de libertad, con especial énfasis en Walter José Balmaceda Ruiz, enfrentarían amenazas directas por reclamar atención médica, pedir mejoras en las condiciones de reclusión o denunciar abusos dentro de la cárcel.
También mencionó el deterioro físico y de salud de José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila, estos dos últimos adultos mayores. El organismo indicó que Cortez Dávila perdió por completo la visión después de la presunta falta de atención médica.
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Uno de los detenidos seguiría preso tras cumplir su condena en 2024
La situación de José Olivar Meza Raudez figura entre los puntos centrales de la solicitud. De acuerdo con la CIDH, el detenido habría completado su pena de 10 años el 27 de julio de 2024, aunque continuaría bajo custodia del régimen nicaragüense.
Los nueve beneficiarios están detenidos desde 2014. La Comisión recibió denuncias sobre arrestos arbitrarios, periodos de incomunicación, episodios de violencia, amenazas y torturas para obtener confesiones relacionadas con el ataque contra una caravana sandinista.
En diciembre de 2025, la CIDH concluyó, bajo un análisis preliminar, que los detenidos afrontaban un riesgo grave, urgente e irreparable para su vida, su integridad personal y su salud. En aquella resolución, dispuso que Nicaragua debía protegerlos frente a actos de violencia y represalias, garantizarles valoraciones médicas inmediatas y asegurar el acceso a tratamientos, medicamentos, agua potable y alimentos adecuados.
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La resolución también pidió que las medidas fueran concertadas con los beneficiarios y sus representantes y que el Estado informara, en un plazo de 15 días, las acciones implementadas.
La Corte IDH puede ordenar acciones obligatorias al Estado
Las medidas provisionales son mecanismos que la Corte IDH puede dictar en situaciones de extrema gravedad y urgencia para impedir daños irreparables a las personas. Sus resoluciones son obligatorias para los Estados y pueden exigir acciones específicas para proteger la vida, la salud o la integridad de quienes se encuentren en riesgo.
La CIDH informó que las condiciones de reclusión denunciadas en La Modelo incluyen temperaturas superiores a 40 °C, ventilación insuficiente, agua no potable, escasez de alimentos, presencia de plagas, falta de inodoros y restricciones al acceso al patio, actividades recreativas y lectura. Asimismo, reportó vigilancia durante las visitas familiares.
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El organismo también registró denuncias sobre traslados punitivos al sector conocido como “El Infiernillo”, interrupciones del sueño, hostigamiento y agresiones. Ante la falta de información sobre medidas de protección efectivas, la Comisión trasladó el caso a la Corte IDH para que evalúe la adopción de acciones urgentes.
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