¿Por qué el régimen de Ortega y Murillo evita responder a Estados Unidos tras la reforma constitucional en Nicaragua?

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo evita responder a las críticas de Estados Unidos por la reforma constitucional, mientras mantuvo los ataques diplomáticos contra Costa Rica, Perú, Paraguay y Guatemala, en una señal que, según analistas citados por El Confidencial.digital, apunta a preservar un margen de negociación con la administración de Donald Trump hasta 2028, el nuevo año previsto para las elecciones generales en Nicaragua.

La enmienda fue aprobada en primera legislatura el 1 de septiembre de 2026 y, de acuerdo con el texto, amplió en dos años el período presidencial. Eso trasladó los comicios que debían celebrarse en noviembre de 2026 a noviembre de 2028.

El abogado y analista político Eliseo Núñez sostuvo que el silencio frente a Washington tiene un carácter táctico. “Ortega está evitando pelear con Estados Unidos”, advirtió.

Para Núñez, las reformas “son para llevarlos al 2028”, el mismo año de las elecciones en Estados Unidos. Según su lectura, Ortega busca “ofrecer un paquete de negociación a los Estados Unidos, y llevar esta negociación hasta el punto en que Trump vaya de salida”.

El analista añadió que, si Trump entra en su tramo final de mandato, Ortega tendría menos probabilidades de ser obligado a cumplir cualquier compromiso. “La táctica le indica que él tiene que superar la era Trump. Y en ese sentido él está haciendo cosas para eso”, afirmó.

El régimen respondió a cuatro países latinoamericanos, pero no a Marco Rubio

El contraste quedó expuesto después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no solo cuestionara el contenido de la reforma, sino que además pidiera a los socios de Washington “no mantener relaciones habituales” con Nicaragua. Pese a ese pronunciamiento, el régimen no emitió una respuesta contra Estados Unidos.

La reacción fue distinta con cuatro países de América Latina. Tras la aprobación en primera legislatura, Costa Rica, Guatemala, Perú y Paraguay expresaron preocupación por la restricción del derecho de los nicaragüenses a elegir libremente a sus autoridades, y la Cancillería de Nicaragua respondió con comunicados idénticos firmados por el cocanciller Valdrack Jaentschke.

“La soberanía de un pueblo no se discute, y mucho menos puede ser cuestionada por otros países con graves problemas de legitimidad y unidad”, contestó la Cancillería a los gobiernos de Guatemala, Perú y Paraguay. En el caso de Costa Rica, el tono fue más duro: “No aceptamos la injerencia de otros en nuestros propios asuntos”.

Núñez interpretó esa diferencia como un intento de apartar al resto de la región de cualquier trato directo con Washington. A su juicio, la dictadura “quiere aislar al resto de los países de América Latina” y presentarse ante Estados Unidos como un “símbolo de estabilidad”.

Ese eventual paquete, según el analista, incluiría migración, seguridad y combate al terrorismo. Aun así, sostuvo que Washington ya tomó una decisión sobre Managua y que no confía en Ortega.

“No veo que Estados Unidos eche para atrás en el modelo de presión que ya diseñó y que pasa por esa Asamblea de Cancilleres de la OEA”, señaló Núñez. La referencia apunta al esquema diplomático que, según el analista, ya fue definido por Estados Unidos.

Rosario Murillo anunció consultas en más de 100 municipios hasta enero de 2027

Rosario Murillo anunció un proceso de “consulta” en más de 100 municipios antes de la aprobación en segunda legislatura, prevista para el 18 de enero de 2027. Para Núñez, ese anuncio muestra que la reforma “no es algo terminado” y que todavía puede ser modificada.

El exdiputado de la Asamblea Nacional afirmó que, en los meses que faltan, el régimen “va a quitar o poner lo que necesite” y luego sostendrá que “la gente se lo pidió”. Su evaluación es que el contenido aprobado en septiembre no está cerrado.

Esa posibilidad también fue planteada por el abogado y activista político Juan Diego Barberena, quien dijo que no descarta cambios en el articulado durante la segunda legislatura. Según la publicación, Barberena incluso planteó la posibilidad de que se agreguen mecanismos más restrictivos.

“Yo no descartaría que incluyan el mecanismo en el cual pueden prohibir las elecciones o las votaciones. Está demostrado que en segunda legislatura agregan algunas disposiciones que no agregaron, que no discutieron y que no aprobaron en primera legislatura”, comentó Barberena.