El reciente atentado armado contra Marvin Gámez Alaníz, conocido como “Comandante Resorte” y exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, ha puesto nuevamente en evidencia la situación de vulnerabilidad que enfrentan los opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo más allá de las fronteras de Nicaragua.
El ataque, perpetrado en la madrugada del 26 de julio de 2026 en Trojes, departamento de El Paraíso, Honduras, dejó a Gámez con siete heridas de bala y a una mujer que lo acompañaba con dos impactos, según reportó el Instituto del Liderazgo de Las Segovias, el medio hondureño HCH y Artículo 66.
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Gámez, de 58 años y originario de La Trinidad, Estelí, relató desde su cama en el Hospital Gabriel Alvarado de Danlí que fue emboscado por hombres encapuchados que se movilizaban en dos motocicletas mientras se dirigía a comprar leche.
“Me perforaron siete tiros en toda mi espalda. Y a la compañera que iba conmigo le pegaron dos. Tenemos tiempo ya de ser perseguidos por el régimen de Daniel Ortega”, denunció el excombatiente, quien asegura que desde hace cinco años vive bajo amenaza directa del gobierno nicaragüense.
El ataque ocurrió en una zona rural fronteriza que desde 2018 ha servido de refugio para decenas de nicaragüenses perseguidos por razones políticas, entre ellos antiguos miembros de la Contra. Gámez responsabilizó públicamente al régimen Ortega-Murillo de ordenar el atentado y advirtió que al menos siete de sus antiguos compañeros de armas han sido asesinados en circunstancias similares.
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“No solo yo, habemos muchos comandos de la Resistencia en Trojes. Han matado como a siete amigos míos, y yo era el octavo ya. Dios me está dando una oportunidad de vida con siete tiros en mi cuerpo”, sostuvo el excombatiente, citado por HCH y Artículo 66.
El Instituto del Liderazgo de Las Segovias denunció el ataque como un posible “crimen transnacional” y pidió a las autoridades hondureñas abrir una investigación urgente.
La organización señaló que Gámez había sido amenazado previamente por integrantes de organismos de seguridad del municipio nicaragüense de Jalapa, Nueva Segovia, región fronteriza con Honduras.
“Según testimonio este atentado presumiblemente fue operado desde Nicaragua”, alertó Haydee Castillo, directora de la organización, quien también ha sufrido persecución y exilio.
El caso de Marvin Gámez se suma a una lista de atentados y asesinatos de opositores nicaragüenses fuera del país, fenómeno que ha sido documentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas. Este grupo ha advertido sobre prácticas de represión transnacional que incluyen vigilancia, hostigamiento y violencia armada contra nicaragüenses exiliados.
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Entre los casos más recientes figura el asesinato de Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército de Nicaragua y crítico del régimen, ocurrido en Costa Rica en junio de 2025, así como los atentados contra Joao Maldonado en territorio costarricense y los homicidios de Rodolfo Rojas Cordero, Santiago Rivera Müller y Jaime Luis Ortega Chavarría en Honduras y Costa Rica.
La situación de vulnerabilidad de Gámez se agrava por la falta de renovación de su permiso de residencia en Honduras, hecho que él mismo denunció tras el atentado.
El excombatiente solicitó protección a las autoridades hondureñas y la intervención de organismos internacionales defensores de derechos humanos para evitar un nuevo ataque.
“Trojes, donde ocurrió el atentado, es una zona fronteriza que durante los últimos años ha servido de refugio para nicaragüenses que huyeron de la persecución política”, destaca el reportaje de Artículo 66.
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Pese a la gravedad del ataque, hasta el momento no se conoce públicamente una investigación oficial que determine quiénes fueron los autores materiales o intelectuales.
Los señalamientos hacia el régimen de Nicaragua corresponden a las denuncias de las víctimas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos, que insisten en la necesidad de acciones concretas ante lo que consideran una campaña sistemática contra la disidencia nicaragüense en el exilio.
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