
En diciembre de 2024, la Brigada 13 Khartiia de la Guardia Nacional de Ucrania ejecutó un asalto combinado terrestre y aéreo cerca de la localidad de Lyptsi sin que un solo soldado ucraniano pisara el campo de batalla. Vehículos terrestres no tripulados con torretas de ametralladora, drones aéreos equipados con granadas y fusiles de asalto, y municiones kamikaze convencionales tomaron posiciones rusas, despejaron minas y establecieron un perímetro defensivo. Fue, según describe Juan Severini en Palladium Magazine, una demostración del nuevo paradigma bélico: la guerra robotizada avanza como respuesta directa a la escasez de mano de obra humana y a los costos políticos de las bajas en combate.
El análisis de Severini —estudiante de doctorado en el Departamento de Gobierno de la Universidad de Georgetown y codirector de la Iniciativa sobre Inteligencia Artificial y Ciudadanía Democrática (AIDC) de esa misma universidad— plantea que el creciente uso de sistemas autónomos no es solo una innovación táctica, sino una transformación estructural del poder político. A medida que los robots reemplazan a los soldados, el control sobre la guerra se desplaza de las instituciones públicas hacia las empresas privadas que diseñan, programan y operan esas máquinas.
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Palladium Magazine detalla que Ucrania enfrenta una situación demográfica particularmente adversa: emigración masiva, envejecimiento poblacional y bajas en combate drenan su reserva humana. Frente a eso, incluso soldados robóticos de menor desempeño resultan una inversión rentable si permiten preservar trabajadores y reclutas. Rusia, en cambio, con una mayor disposición a movilizar reservas masivas y con acceso limitado a microelectrónica avanzada, opera bajo una lógica opuesta: más capital humano, menos tecnología de punta.
Esa diferencia ilustra, según el texto de Palladium, una tensión más amplia en la estrategia militar contemporánea: el equilibrio entre capital y trabajo. Los Estados con escasez de mano de obra tienden a robotizar más rápido; los que tienen abundancia de reclutas pueden permitirse postergar esa transición. Pero el análisis advierte que, a medida que la autonomía plena se vuelve técnicamente viable, la ausencia de humanos en el campo de batalla se normaliza, lo que reduce los costos políticos de iniciar o prolongar conflictos.
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El caso de Palantir —empresa de software y análisis de datos— ilustra cómo funciona esta nueva dependencia. Su director ejecutivo, Alex Karp, visitó al presidente ucraniano Volodimir Zelensky poco después de la invasión rusa de 2022. Desde entonces, los algoritmos de visión artificial de la compañía ayudaron a las fuerzas ucranianas a rastrear posiciones enemigas en tiempo real durante la contraofensiva de 2023. Lo que comenzó como un contrato de 70 millones de dólares para el Proyecto Maven —originalmente desarrollado con Google y luego ampliado con Anthropic— creció hasta alcanzar 1.500 millones de dólares, de los cuales casi 800 millones fueron ejecutados por Palantir.
Palladium Magazine señala que la dependencia tecnológica también afecta a las grandes potencias. Durante el reciente conflicto con Irán, SpaceX y el Pentágono negociaron el “nivel de suscripción” para controlar municiones no tripuladas, lo que terminó duplicando el costo de cada dron en plena hostilidad. El episodio expone una paradoja: los ahorros en mano de obra que promete la guerra robótica quedan anulados si el ecosistema privado que la sostiene fija sus propios precios en tiempo de guerra.
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La influencia de Elon Musk sobre el acceso a la red Starlink —disputada tanto por Ucrania como por Rusia— es otro ejemplo que cita Severini para mostrar hasta qué punto la política exterior de un CEO puede condicionar el desarrollo de un conflicto armado.
Las empresas privadas, sin las restricciones salariales ni la burocracia de contratación del sector público, compiten con ventaja por el talento especializado que demandan estas tecnologías, y esa ventaja se traduce en poder de negociación frente a los Estados.
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