Opositores nicaragüenses piden a Claudia Sheinbaum liderar condena regional contra Ortega y Murillo

Un grupo de 23 opositores nicaragüenses, entre ellos excomandantes sandinistas, exfuncionarios, defensores de derechos humanos, periodistas, académicos y personas desnacionalizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezar una iniciativa regional para aumentar la presión diplomática contra el Gobierno nicaragüense.

La petición fue enviada el 11 de junio mediante una carta dirigida a la mandataria mexicana, en vísperas de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará en Panamá entre el 20 y el 22 de junio.

Los firmantes afirman haber sido víctimas directas de la represión estatal en Nicaragua y señalan que entre ellos hay exiliados, exprisioneros políticos, confiscados y personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad.

En la comunicación, los opositores respaldan la resolución aprobada recientemente por el Consejo Permanente de la OEA, que condenó las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen nicaragüense, incluyendo el exilio forzado, la desnacionalización, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las confiscaciones de bienes.

Los firmantes también citan el caso del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, quien permaneció desaparecido durante casi tres años bajo custodia estatal. Según la carta, Rivera fue mostrado en videos oficiales cuando se encontraba gravemente deteriorado de salud y falleció pocos días después. El grupo sostiene que otros nicaragüenses permanecen detenidos en condiciones similares, sin acusaciones formales ni procesos judiciales.

En su petición, los opositores expresan su expectativa de que los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe impulsen una resolución que ratifique la condena de la OEA y declare la ilegitimidad del gobierno encabezado por Ortega y Murillo.

Asimismo, proponen que esos países promuevan una acción conjunta ante la Corte Internacional de Justicia para exigir responsabilidades al Estado de Nicaragua por las desnacionalizaciones masivas, que según indican han afectado a 452 ciudadanos nicaragüenses.

La carta destaca además la posición expresada por el Gobierno mexicano de que la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales no constituye una violación a los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. Los firmantes se declaran dispuestos a sostener un diálogo técnico con las autoridades mexicanas sobre estos temas.

Entre los suscriptores de la misiva figuran la escritora Gioconda Belli; las excomandantes sandinistas Dora María Téllez y Mónica Baltodano; el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco; el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís; la periodista Sofía Montenegro; el economista Enrique Sáenz; la exdiputada Edipcia Dubón; la abogada Azahálea Solís; el jurista Juan Diego Barberena y el activista Yader Morazán, entre otros opositores nicaragüenses exiliados o desnacionalizados.

La petición de los opositores nicaragüenses se produce a pocos días de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará del 22 al 24 de junio en Ciudad de Panamá. El encuentro reunirá a los cancilleres y representantes de los 34 Estados miembros activos del organismo bajo el lema “América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá” y tendrá como eje el fortalecimiento de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad regional.

Aunque Nicaragua formalizó su salida de la OEA en noviembre de 2023, la situación del país continúa siendo objeto de debate dentro del sistema interamericano. En mayo pasado, el Consejo Permanente aprobó la resolución CP/RES. 1301 (2578/26), en la que condenó las violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo la desnacionalización de opositores, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las confiscaciones de bienes y el impedimento de ingreso al propio país. Esa resolución constituye el antecedente inmediato de las gestiones que distintos sectores opositores buscan impulsar durante la Asamblea General.

La situación de Nicaragua llega a la reunión hemisférica marcada por una nueva escalada represiva. Organismos internacionales y grupos de derechos humanos han denunciado la existencia de presos políticos sometidos a desaparición forzada, el cierre masivo de organizaciones civiles y religiosas, la expulsión o desnacionalización de cientos de ciudadanos y la profundización del control estatal sobre las instituciones.

La muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, ocurrida tras permanecer casi tres años desaparecido bajo custodia estatal, volvió a colocar el tema nicaragüense en el centro de la atención internacional y ha sido citada por los opositores como una muestra de la gravedad de la crisis.

Los firmantes de la carta buscan que gobiernos considerados progresistas, entre ellos México, Brasil, Colombia y Uruguay, asuman una posición más activa frente a Ortega y Murillo. Su principal demanda es que la Asamblea General respalde una condena más contundente contra el régimen nicaragüense y que los países de la región exploren mecanismos internacionales para exigir responsabilidades por la desnacionalización de al menos 452 nicaragüenses.