Murió el preso político nicaragüense Brooklyn Rivera: había estado casi tres años desaparecido por la dictadura de Ortega

Luego de varias horas de rumores sobre su estado de salud, este domingo por la tarde la dictadura de Nicaragua confirmó la muerte del líder indígena miskito y expresidente del partido Yatama, Brooklyn Rivera Bryan.

La información fue confirmada por el régimen de Daniel Ortega a través de un breve comunicado, en el que detalla que River sufrió un “deterioro físico y neurológico” como consecuencia “de una bacteria generada por el virus COVID 19″.

De esta manera, Rivera se convierte en el séptimo preso político fallecido bajo custodia del Estado nicaragüense desde el inicio de la actual escalada represiva y en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada denunciados por organismos de derechos humanos dentro y fuera del país.

Según fuentes cercanas citadas por la plataforma Confidencial, la familia busca cumplir la voluntad expresada por Rivera antes de su deterioro físico: ser enterrado en Lidaukra, en Sandy Bay, comunidad de la Costa Caribe Norte donde también descansan los restos de su madre.

Rivero murió apenas cuatro días después de que la dictadura rompiera casi tres años de silencio sobre el paradero y estado de salud del dirigente indígena. El pasado 27 de mayo, el Ministerio de Salud divulgó un comunicado en el que admitió que Rivera se encontraba en condición crítica y sufría “edema cerebral asociado a una lesión neurológica severa”, además de insuficiencia respiratoria y falla renal aguda.

Aquella comunicación fue interpretada por familiares, activistas y organismos internacionales como un intento de deslindar responsabilidades ante un desenlace que parecía inminente.

Las imágenes difundidas posteriormente por los medios oficiales mostraron a Rivera postrado en una cama de hospital, visiblemente demacrado, con un deterioro físico que contrastaba dramáticamente con la figura del dirigente que durante décadas encabezó la defensa de los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas del Caribe nicaragüense.

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) reaccionó este domingo condenando la muerte del líder indígena y atribuyéndola directamente a la responsabilidad del régimen.

“Condenamos enérgicamente la muerte en manos de la dictadura del líder histórico de Yatama, Brooklyn Rivera Bryan. Los responsables que llevaron a la muerte del diputado indígena deberán rendir cuentas penalmente. Los crímenes de lesa humanidad no van a quedar impunes”, afirmó la organización en un pronunciamiento público.

La muerte de Rivera ocurre después de más de 970 días de detención arbitraria, desaparición forzada y aislamiento. Su caso fue denunciado reiteradamente ante organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expertos de Naciones Unidas y diversas organizaciones indígenas.

Rivera fue capturado el 29 de septiembre de 2023. De acuerdo con denuncias de sus allegados, agentes vinculados al régimen lograron ubicarlo mediante engaños en Bilwi, cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Desde ese momento desapareció prácticamente del espacio público.

Durante meses las autoridades se negaron a informar dónde estaba recluido, cuáles eran las condiciones de su encarcelamiento o si recibía atención médica. La incertidumbre se prolongó durante más de dos años y medio.

La desaparición de Rivera ocurrió en un contexto de creciente ofensiva contra Yatama, la principal organización política indígena de la Costa Caribe. El partido había denunciado reiteradamente fraudes electorales, invasiones de colonos a territorios indígenas y la erosión de los regímenes de autonomía establecidos en la Constitución nicaragüense.

Su captura también se produjo pocas semanas después de que cuestionara públicamente las elecciones regionales organizadas por el régimen y denunciara nuevas presiones contra comunidades indígenas y afrodescendientes.

Nacido en la Costa Caribe, Rivera fue durante décadas una de las voces políticas más influyentes entre los pueblos miskitos. Su trayectoria estuvo marcada por una compleja relación con el sandinismo. Durante los años ochenta encabezó la resistencia indígena contra el Gobierno revolucionario, denunciando desplazamientos forzados y violaciones a los derechos de las comunidades del Caribe.

Posteriormente participó en procesos de diálogo y reconciliación que condujeron al reconocimiento constitucional de la autonomía regional. Con el paso de los años se convirtió en diputado ante la Asamblea Nacional, aliado del sandinismo, y en uno de los líderes históricos más reconocidos de la Costa Caribe nicaragüense.

Su figura trascendió las fronteras nacionales y fue ampliamente conocida en foros internacionales dedicados a los derechos indígenas.

Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo terminó tratando a Rivera como a otros antiguos aliados o interlocutores incómodos: mediante la criminalización, el aislamiento y el encarcelamiento.

Durante los últimos años, familiares y organismos de derechos humanos denunciaron que el dirigente indígena permanecía en condición de desaparición forzada. Las exigencias de pruebas de vida se multiplicaron, especialmente cuando comenzaron a circular versiones sobre el deterioro de su salud.

La exhibición de Rivera esta semana en una cama hospitalaria generó indignación dentro y fuera de Nicaragua. Diversos observadores señalaron que las imágenes parecían destinadas a responder las crecientes denuncias internacionales sobre su desaparición, pero también evidenciaban el grave estado físico al que había llegado tras casi tres años bajo control absoluto del aparato represivo.

La propia hija del dirigente, Tininiska Rivera, declaró este domingo al diario La Prensa que todavía no podía confirmar oficialmente el fallecimiento de su padre porque seguía intentando obtener información directa de familiares y personas cercanas.

La retención del cadáver añade un nuevo elemento a una historia marcada por la arbitrariedad. Organismos de derechos humanos han señalado en otros casos que la negativa estatal a entregar cuerpos, informar adecuadamente a las familias, o realizar funerales controlados constituye una forma adicional de castigo y sufrimiento.

La muerte de Brooklyn Rivera también amplía una lista que incluye al comandante guerrillero Hugo Torres Jiménez, fallecido en prisión en 2022; al general retirado Humberto Ortega Saavedra, muerto bajo custodia en 2024; al opositor Mauricio Alonso Petri; al jurista Carlos Cárdenas Zepeda; al abogado Santos Flores y al nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, asesinado en la cárcel La Modelo en 2019.